madrid. El grupo socialista no consiguió ayer el apoyo de ninguna de las fuerzas parlamentarias para sacar adelante en el Congreso su propuesta de atribuir a la Audiencia Nacional las competencias en delitos de corrupción política. Fue el diputado socialista Javier Barrero el que defendió la proposición de ley que ha llevado su grupo al pleno como una "medida de choque" para combatir el "cáncer más importante de la democracia", en un momento en el que a la crisis económica se ha unido una grave crisis política y otra moral y ética con consecuencias devastadoras. "La corrupción es una enfermedad que mata a la democracia", comentó Barrero, que apostó por luchar contra esa lacra con una "terapia de choque", como la que propone el PSOE, que reclamaba la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que la Audiencia Nacional se encargue de los delitos de corrupción política y lograr así mayor rapidez. Esa modificación supondría encargar a la Audiencia los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, entre otros.
