El juez admite el chivatazo pero lo inscribe en el proceso para alcanzar el final de ETA

El juez admite el chivatazo pero lo inscribe en el proceso para alcanzar el final de ETA

Año y medio de prisión por revelar secretos a Pamiés y Ballesteros, a quienes absuelve de colaboración

Javier núñez

bilbao. La Audiencia Nacional reconoció ayer el chivatazo que se produjo en el denominado caso Fasián, pero lo inscribe en el proceso entonces abierto (mayo de 2006) para alcanzar el final de ETA. Así, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -compuesta por Alfonso Guevara, Antonio Díaz Delgado y Guillermo Ruiz Polanco- condena al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros a un año y medio de prisión y cuatro años de inhabilitación especial por revelación de secretos, ya que considera probado el chivatazo que se produjo el 4 de mayo en 2006 para avisar al dueño del bar Faisán en Irun, Joseba Elosua, de que se iba a a producir un operativo contra el supuesto aparato de extorsión de ETA. Sin embargo, absuelve a los encausados del delito de colaboración con banda armada, tal como solicitaba el fiscal, al considerar que no realizaron una "acción directa para favorecer una actuación puntual de ETA o la actividad de la banda terrorista". La sentencia no es firme puesto que Pamiés y Ballesteros interpondrán recurso ante el Tribunal Supremo.

En el dictamen, la Audiencia Nacional enmarca la actuación de ambos mandos policiales en el contexto en el que se produjo el chivatazo, puesto que ETA había declarado un alto el fuego el 22 de marzo de 2006 - apenas mes y medio antes de los hechos acaecidos en Irun-, una tregua que se rompió con el atentado en la T-4 de Barajas el 30 de diciembre de aquel año. Según la sentencia, "la acción realizada por los acusados tendente a favorecer el proceso dirigido a hacer cesar la actividad de una organización armada (ETA) no puede considerarse que lesionó o puso en peligro el bien protegido", en este caso la paz social o la convivencia pacífica de los ciudadanos. El tribunal es más explícito al asegurar que "la acción ejercitada fue guiada por la finalidad dentro del concepto de acción final de que no se pudiera entorpecer el proceso que estaba en marcha para lograr el cese de la actividad de ETA". Se refiere de este modo a las conversaciones que estaba manteniendo el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero con la organización armada. Sin embargo, los magistrados aseguran que la actuación de Pamiés y Ballesteros "causó un grave daño a la causa pública, independientemente de que el aparato de extorsión de ETA fuera detenido el 22 de junio de 2006". La sentencia considera como hechos probados que Ballesteros entró en el bar Faisán y le pasó un teléfono al dueño del establecimiento, Joseba Elosua. Al otro lado de la línea estaba Enrique Pamiés, que avisó al supuesto miembro del aparato de extorsión de ETA de la operación policial que estaba abierta. Según los jueces, el ex jefe superior de Policía del País Vasco le aseguró: "aquí hay gente que quiere que esto se rompa, ya sabes cuál es la situación actual". En su defensa, Pamiés y Ballesteros justificaron su presencia en Irun porque tenían una cita con un confidente policial a quien durante el juicio identificaron como Romano. Los jueces, sin embargo, estiman "debilitada, por no decir poco creíble" esta versión.

En sus puestos Aunque los cuatro años de inhabilitación supone la expulsión de la Policía, tanto Pamiés como Ballesteros continuarán en sus puestos tras haber anunciado su intención de presentar recurso ante el Tribunal Supremo. Pamiés es en la actualidad comisario provincial de Huesca, mientras que Ballesteros es el inspector jefe de la sección de Extranjería de La Rioja. Así lo remarcó el propio ministro español del Interior. "Cuando la sentencia sea firme porque se hayan agotado todos los recursos, se cumplirá. Hasta tanto no llegue ese momento no vamos a tomar ninguna decisión en el Ministerio del Interior", afirmó Jorge Fernández Díaz, quien se negó a hacer ninguna valoración sobre el dictamen de la Audiencia Nacional.

Las que sí se pronunciaron fueron diversas asociaciones de víctimas, quienes reclamaron que se investigue quién dio las órdenes a ambos policías. Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT),exigió que la Justicia siga trabajando hasta llegar al final de lo que sucedió en el bar Faisán. Mucho más contundente se mostró Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, para quien "los últimos culpables de este chivatazo están ocupando un asiento en el Congreso cobrando un sueldo de todos los españoles, y eso es infame y vergonzoso".

Enrique Pamiés (izquierda) y José María Ballesteros, en un momento del juicio celebrado en la Audiencia Nacional. Foto: efe

"Hasta que la sentencia no sea firme no vamos a tomar ninguna decisión en el Ministerio"

Jorge Fernández Díaz

Ministro español del Interior

"Los últimos culpables de este chivatazo están ocupando un asiento en el Congreso"

Ángeles pedraza

Presidenta de la AVT