MADRID. Erkoreka ha hecho estas declaraciones poco antes de entrar en la sede del Consejo General del Poder Judicial, donde participa hoy en la reunión del Consejo Rector de la Escuela Judicial.

La colaboración con el Ejecutivo central debe centrarse, según Erkoreka, en los asuntos "que forman parte de la agenda pública del Gobierno Vasco" y que son, afirma, el Concierto Económico, "la ley quinquenal del Cupo vasco o la liquidación de los cupos pendientes".

El portavoz del Gobierno Vasco también espera tratar con el Ejecutivo central los proyectos de ley que se están tramitando en las Cortes Generales "y que suponen, en muchos casos, erosiones competenciales graves del Estatuto de Gernika".

Ha asegurado que en la reunión con Sáenz de Santamaría no hubo avances sobre temas concretos, aunque confía en que en los próximos encuentros que se produzcan se puedan "desbloquear" estos asuntos y, si eso no es posible, "al menos encauzarlos".

Erkoreka se ha referido también a la propuesta del lehendakari, Iñigo Urkullu, de que Euskadi avance hacia un nuevo "estatus político".

"El Gobierno cree que a quien corresponde asumir el liderazgo en la definición del estatus político vasco del futuro es al Parlamento", ha manifestado Erkoreka, porque "es ahora plenamente representativo".

Ha añadido que el Ejecutivo autonómico considera que éste es el momento apropiado para plantear la definición de un nuevo "estatus político" porque "el futuro de las comunidades autogobernadas está siendo objeto de debate" y porque el Estatuto vasco es "el único que no ha sido objeto de modificación".

Se ha referido asimismo a las declaraciones del fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que ayer planteó algunas recomendaciones para luchar contra la corrupción, como la posibilidad de que los ciudadanos denuncien anónimamente casos de los que tengan constancia.

El también consejero de Administración Pública y Justicia ha señalado que muchas de las recomendaciones de Calparsoro "escapan al ámbito de actuación del Gobierno" y que, en el caso concreto de las denuncias anónimas, su admisión depende de la propia Fiscalía o de la legislación procesal, cuya modificación, ha aclarado, corresponde a las Cortes Generales.

En las recomendaciones que entren dentro de las competencias del Ejecutivo vasco, éste colaborará, ha dicho Erkoreka, pero siempre "dentro de los límites presupuestarios".