Bilbao. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, aseguró ayer que la operación desarrollada contra Herrira es un "paso atrás" al tiempo que reclamó que, en lugar de este tipo de medidas, a las que calificó "del pasado", se ponga en marcha "una política de Estado para la paz".

En declaraciones efectuadas en Lehendakaritza, el portavoz del Ejecutivo vasco señaló que la sociedad no comprende que "en un momento en el que se espera que todos seamos capaces de dar pasos hacia adelante, algunos se empeñen en poner en marcha operaciones que nos recuerdan a tiempos del pasado".

Erkoreka reclamó actuar con alturas de miras, comenzado por ETA a la que reclamó que dé ya el paso definitivo a su "disolución y desarme" . De la misma manera pidió también responsabilidad en su actuación a los "poderes centrales del Estado". "Los poderes centrales del Estado deben asumir su responsabilidad, de la misma manera que ETA debe ser responsable, renunciar a su existencia y proceder sin retraso a la entrega de sus armas", subrayó.

Por su parte, el Euzkadi Buru Ba-tzar del PNV, reunido ayer en Sabin Etxea, emitió un comunicado en el que pedía "consolidar la paz" ante unos hechos -el comunicado de ETA y la detención de los responsables de Herrira- que, a su juicio, significan un "preocupante retroceso en las expectativas de paz en Euskadi". En la nota, el partido de Sabin Etxea señalaba que en su último comunicado, ETA "en lugar de dar pasos adelante hacia su desaparición, se enorgullecía de su trayectoria violenta". Asimismo, y con respecto a la operación llevada a cabo por la Guardia Civil, el PNV aseguraba en el comunicado que "nos retrotraía a tiempos en los que la ilegalización, el bloqueo y las tesis de que todo es ETA condenaba a este país a la confrontación en un horizonte de convivencia bloqueada".

Por ello, la formación jeltzale reclamaba a la "izquierda abertzale políticamente organizada" que continúe dando pasos de manera unilateral que propicie el desbaratamiento del actual bloqueo del proceso de paz. Al mismo tiempo, pedía al Gobierno español que abandone la estrategia de empecinamiento en la excepcionalidad jurídica.

En este contexto, y a través de una nota pública Lokarri reclamó la puesta en libertad de los detenidos y aseguró que la operación llevada a cabo por la Guardia Civil "representa una grave vulneración de libertades democráticas fundamentales, como son el de reunión, asociación o manifestación".