sevilla. Tan solo horas después de que Susana Díaz tomara posesión de su nuevo cargo al frente de la Junta de Andalucía, la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta dictó ayer un auto en el que iniciaba el proceso para imputar a la ya anterior cúpula del PSOE andaluz.
En su auto, Alaya comunicó la existencia del procedimiento "en calidad de imputados" a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a cinco exconsejeros Carmen Martínez-Aguayo, Antonio Ávila (apartados anteayer de la Junta por Susana Díaz), Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo.
El entrecomillado viene a que no se trata de una verdadera imputación al estar todos ellos aforados, por tratarse de diputados en el Congreso o de parlamentarios andaluces. La juez les indicó el calendario del caso para que declaren en la causa "si ese fuera su interés". La juez achaca a los siete los "presuntos delitos de prevaricación y malversación, entre otros".
En este sentido, Alaya señaló que no puede imputarles al estar aforados, no obstante lo cual "sí puede y debe hacer dos cosas".
En primer lugar, invitarles a comparecer, si es lo que quieren, algo que "permitiría al querellado defenderse en el proceso por los hechos que pudieran incriminarle". Por otro lado, "la segunda actuación, es remitir testimonio de la causa al tribunal superior competente". Para ello, debería "individualizar la conducta delictiva concreta de los aforados" y añadir "algún indicio o principio de prueba" sobre los delitos que supuestamente habrían cometido.
De presentarse voluntariamente como parte, antes de que les impute el Supremo, quedarían en una situación "harto peculiar", "equivalente al de un denunciado o querellado sobre el que el juez no ha realizado aún ningún pronunciamiento judicial".
De todos modos, la magistrada dijo que "resulta conveniente" abordar "la cuestión del aforamiento de determinadas personas".
La juez, por último, dijo ser "consciente" del "efecto multiplicador e influencia negativa de los medios sobre dichas personas -los aforados-, pues primero pueden verse señaladas en la presente resolución como imputados, más tarde y en su caso en la exposición razonada si hubiere lugar a ella, y finalmente como inculpados por el tribunal superior si procediere".
El avance en el procedimiento judicial ha sido el que ha motivado este llamamiento a los siete exdirigentes. Para Alaya, "el núcleo esencial -de la trama-, sería la concesión de subvenciones al margen del procedimiento legalmente establecido".
Para ello, uno de los métodos fue "las sobrecomisiones que supuestamente la Junta permitió cobrar a las mediadoras que gestionaban e impulsaban las pólizas, vehículo de las subvenciones, a cambio de ciertos favores". A juicio de Alaya, también hubo "modificaciones presupuestarias que permitieron, en términos indiciarios, desde abril de 2000 el uso ilícito de fondos públicos a través de la utilización irregular de las transferencias" permitiendo crear una trama que sacó "más de 93 millones de euros en menos de dos años" de las arcas públicas.
la investigación Alaya explicó que, "con la finalidad de desentrañar la sucesión de hechos que determinaría el uso ilegal y continuado de fondos públicos, la Guardia Civil sigue realizando "múltiples" diligencias, recordando en este punto que todavía deben completarse una serie de informes, a lo que se suman las declaraciones ya fijadas de una serie de ex altos cargos de la Junta y que "abarcarían la gestión presupuestaria y de la ejecución del presupuesto, entrando de lleno en la vertiente política de los hechos".
