Seis hojas de ruta para un Estado propio catalán

Al menos, sobre el papel. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha sido el protagonista de esta semana. Tras pedir a finales de julio al Gobierno de Rajoy el permiso para realizar la consulta en 2014 -tal y como lo pactó con ERC-, amagó el jueves con convocar en 2016 (año en el que tocan de por sí las elecciones catalanas) unos comicios plebiscitarios si no recibía una respuesta afirmativa de Madrid. 24 horas después, con los sectores independentistas inquietos por este giro del president, se ha apresurado a garantizar que "la consulta no tiene marcha atrás".

Esas elecciones son, no obstante, la última y sexta opción hacia el Estado propio. El diseño de ese camino arrancó el pasado 26 de julio, cuando el Mas recibió el primero de los casi 20 informes que el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) compuesto por académicos y personalidades elaborará en los próximos meses sobre el camino a recorrer y el futuro Estado catalán.

En este primer informe de más de 200 páginas sin incluir los anexos, titulado La consulta sobre el futuro político de Catalunya, las casi dos decenas de expertos en Derecho, las Relaciones Internacionales, la Economía o la Comunicación, entre otrosámbitos, analizan "la situación fáctica y los elementos jurídicos, políticos y procedimentales que inciden en la organización de un referéndum o consulta a través de la cual los ciudadanos de Catalunya puedan decidir su futuro político". Y no marcan un solo camino. En palabras del presidente del CATN y del Institut d'Estudis Autonòmics, Carles Viver i Pi-Sunyer, "sería una irresponsabilidad y un fraude no estudiar todos los escenarios".

La primera situación, la que los autores del informe solicitado por el Govern y presentado a finales de julio consideran más sensata, recoge tres vías de común acuerdo con Madrid. En primer lugar, que el presidente Rajoy dé luz verde a la consulta con base en el artículo 92 de la Constitución. En segundo, que La Moncloa transfiera de manera temporal -como ha hecho Londres respecto a Escocia- a la Generalitat la competencia en materia de referéndums. En último lugar, que una reforma de la Carta Magna habilite a las comunidades autónomas en este tipo de consultas.

Tras estos tres caminos hacia la consulta con la venia del Gobierno español, proponen otras dos vías catalanas: hacer uso de la ley catalana de consultas en vigor o la que tramita el Parlament sobre consultas no refrendarias. El CATN, que advierte de que cualquier rechazo de Madrid será de carácter "político" y no jurídico -algo que pide evidenciar llegado el caso-, especifica que estas cinco opciones no son excluyentes entre sí y recomienda preparar de manera simultánea una de cada ámbito. Por último y si todo lo anterior se topa con un rechazo político frontal del Ejecutivo estatal, una sexta opción que deriva en la declaración unilateral de independencia tras unas elecciones plebiscitarias.

Artur Mas, en consonancia con este informe, envió a finales de julio una carta a Rajoy. En esta misiva -cuya oportunidad fue cuestionada al ser enviada dos días después del trágico accidente ferroviario de Santiago de Compostela-, el president aprecia las "condiciones favorables" para la realización de una consulta. En el propio informe se señala que "alrededor de un 75% de los catalanes está a favor de convocar la consulta", un 20% está en contra y a un 5% le es indiferente".

Dos cuestiones a detallar La fecha y la pregunta

Al igual que en el caso de los posibles escenarios, los expertos del CATN reflexionan sobre las posibilidades de la pregunta y la fecha de la consulta. Tras sopesar las ventajas y las desventajas de una pregunta abierta, recomiendan que la cuestión que se plantee a la ciudadanía sea "clara" y "neutra", con una respuesta afirmativa o negativa, de manera que se puedan sacar conclusiones rápidas tanto de participación -consideran válida si participara el 50%+1 voto del censo, ampliado a mayores de 16 años- como de resultados, mayoría simple. La fecha de la convocatoria es un aspecto más complicado. Las personalidades consultadas por el Govern ubican la jornada entre el segundo semestre de 2014 y comienzos de 2015, pero advierten de impedimentos. El primero, legal: no puede haber este tipo de consultas ni tres meses antes ni tres después de otro tipo de elección, por lo que las europeas de mayo pospondrían la cita catalana a finales de agosto como pronto.

Los autores del informe aconsejan elegir una "fecha neutral", carente de "simbolismo" como sería el 11 de septiembre de 2014, cuando se cumplirán 300 años de que Barcelona cayera en manos de las tropas borbónicas. Y otra fecha que sugieren evitar es la del referéndum escocés, previsto para el 18 de septiembre del año próximo y para el que, por primera vez, el sí ganaría ahora al no (44% a 43%), según una encuesta de Panelbase encargada por el partido gubernamental SNP.

La sexta y última opción

La declaración unilateral

Con todo lo anterior, Mas envió su misiva a Rajoy a finales de julio. En ella le planteó "nuevamente la necesidad de abordar el diálogo y la negociación, que permitan de forma pactada la celebración de una consulta al pueblo catalán, en el plazo más breve posible, con los marcos legales que establezcamos".

La pelota desde entonces, y culminado por ahora el primer camino institucional en Catalunya, está en el tejado del Estado español, a la expectativa por lo que pueda pasar la próxima Diada. La senadora y presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, por su parte, ha llegado a afirmar que Rajoy responderá, como pedía Mas, con "diálogo y en la recuperación de relaciones y el entendimiento y en busca de alternativas", aunque parece muy improbable que Rajoy acceda a la consulta que reclama Catalunya.

En esa línea de contemplar todos los escenarios, también los de la posibilidad de mediación internacional y el de la oposición frontal de Madrid -bien a través del Gobierno o porque las Cortes Generales tumben cualquier proyecto, como recuerda el CATN con el denominado Plan Ibarretxe-, existirá la opción de la declaración unilateral de independencia.

Tras repasar argumentos favorables a la consulta de carácter histórico, democrático, político, de legalidad, de panorama internacional y de visibilidad de Catalunya, entre otros, los componentes del Consejo esbozan la opción de la declaración unilateral. Llegaría con un Parlament de amplia mayoría soberanista tras unas elecciones ordinarias -pero de marcado carácter plebiscitario- que el Gobierno español tendría difícil impugnar.

La "legitimidad política" de la declaración soberanista, que podría adoptar las formas de propuesta de reoslución o proyecto de ley, residiría "en la legitimidad democrática del nuevo Parlament catalán surgido de las elecciones plebiscitarias, realizadas como alternativa a la imposibilidad de realizar un referéndum o una consulta".

Llegar a ese punto o no dependerá en buena medida del Gobierno español. Su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró tras el primer Consejo de Ministros posvacacional que Mariano Rajoy responderá a la carta de Artur Mas una vez dé "cumplida lectura" al informe "prolijo" del Consejo Asesor para la Transición Nacional, que de salida fue desautorizado por La Moncloa.

La vicepresidenta respondió de esta forma el pasado 30 de agosto, un día después de que, según contó el Diario Ara este viernes, ambos presidentes se vieran en Madrid en una reunión discreta para sondear el margen de diálogo que habría entre ambos ejecutivos sobre la consulta. Algunos dirigentes del PP, como la catalana Sánchez Camacho, creen que el president recibirá la respuesta del presidente a lo largo del mes de septiembre. Casi dos meses después de recibir la carta de Mas.

Hasta entonces y tras una nueva Diada que pondrá la independencia de Catalunya en primerísimo primer plano y la advertencia deArtur Mas de convertir las próximas elecciones catalanas en unos comicios plebiscitarios, Rajoy habrá aplicado de nuevo su habitual estrategia política para los temas complejos. Dejar pasar el tiempo.