madrid. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado, mediante un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la imputación del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el marco del caso Nóos, a raíz de su intervención en las negociaciones dirigidas a contratar al instituto que dirigía Iñaki Urdangarin la organización del evento Valencia Summit.
En base a los alegatos de las partes, el TSJCV deberá resolver ahora si acepta o no la competencia para instruir los hechos relativos a ambos aforados. Además, la acusación ha manifestado que el TSJCV debería asumir íntegramente el caso Nóos en caso de que finalmente vea indicios incriminatorios contra ambos aforados y considere que efectivamente deben ser encausados.
El Ministerio Público atribuye a Camps y Barberá la presunta comisión de delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial, en la línea de la exposición razonada, de 70 páginas de extensión, que elevó el juez instructor del caso Nóos a la máxima instancia judicial de Valencia para pedir que asumiera la instrucción de estas pesquisas.
ARGUMENTOS En un escrito de 135 páginas, la Fiscalía subraya que fueron Camps y Barberá, "dada su ascendencia institucional en la estructura jerárquica", quienes transmitieron a sus subordinados las órdenes presuntamente delictivas de beneficiar al Instituto Nóos.
El propio juez instructor de la causa, José Castro, postula cómo la contratación de Nóos de cara a impulsar el Valencia Summit respondía "sólo al deseo" de ambos de "doblegarse a las exigencias de Don Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de S.M. El Rey".
La Fiscalía apunta que en una reunión en el Palacio de la Zarzuela entre Urdangarin, Diego Torres, Camps y Barberá, en el año 2004, donde se negoció la organización del Valencia Summit. Un evento que, según un escrito presentado por Torres, se desarrolló el 29 de enero de 2004, casi nueve meses antes de que fuese firmado el convenio, por cada una de cuyas tres ediciones Nóos percibió 1,044 millones de euros públicos, a pesar de que los investigadores estiman en unos 300.000 el coste real de cada una de ellas.
Tras ello, según la acusación, ni la Ciudad de las Artes y las Ciencias ni la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau, firmantes del convenio para la celebración del evento, abrieron procedimiento de contratación ni investigaron ni documentaron la experiencia de Nóos. Además, la elección de la fórmula del convenio permitía adjudicar directamente el proyecto a la entidad, "obviando deliberadamente el incumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia".
