madrid. El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas pedirá al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la supuesta contabilidad B de esta formación, la práctica de nuevas diligencias sobre los discos duros de los dos ordenadores portátiles del exsenador que fueron destruidos. Ello incluye una prueba pericial de parte, distinta de la que realizarán los expertos policiales.
El abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, anunció ayer que presentará previsiblemente mañana esta batería de peticiones, "sin perjuicio de las diligencias que pueda ordenar el juez instructor o solicitar el Ministerio Fiscal y otras partes personadas en el procedimiento". El análisis pericial de parte, que sería realizado por expertos a petición de la defensa, tendría el objetivo de "contrastar la pericia que realizarán la Dirección General de Policía y la Policía Nacional", que correrá a cargo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF).
La formación presidida por Mariano Rajoy destruyó el pasado abril el contenido de los discos duros de los dos ordenadores que Bárcenas utilizaba en la sede de la calle Génova para asignar los equipos a otro trabajador, una vez que se archivó la denuncia por robo que el exsenador presentó contra el PP.
En un escrito que entró en la Audiencia Nacional el 20 de agosto, el PP reconocía que los discos duros que utilizaba Bárcenas (uno de un PC de la marca Toshiba y otro de un Apple) fueron "destruidos una vez que adquirió firmeza la resolución judicial que denegaba su devolución", a raíz del archivo de la denuncia que el extesorero presentó ante un juzgado de Madrid.
El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional procedió el pasado jueves al volcado del contenido de los dos ordenadores para que sean cotejados con la supuesta contabilidad B que Bárcenas facilitó el 15 de julio al juez Pablo Ruz en un lápiz de memoria USB. Pero las partes se encontraron con que el PC no tenía disco duro y el Apple tenía instalada una memoria de una marca diferente con información desconocida. Con ello se esfumaba cualquier posible prueba de un eventual delito ya sea del propio Bárcenas o del Partido Popular.
Según el acta de la diligencia, se trataba de un PC de la marca Toshiba Libretto 100 CT que fue enviado sin disco duro por "haber sido extraído con anterioridad" y de un Macintosh MacBook Pro con disco duro marca Toshiba que almacenaba 500 gigas de contenido que fue descargado para su análisis. Este último presentaba "signos evidentes en los tornillos de sujeción de que podía haber sido extraído o cambiado con anterioridad", según el acta del secretario judicial, Javier Ángel Fernández-Gallardo.
Una de las acusaciones, la del Observatori DESC, ya ha solicitado que declaren como testigos los trabajadores del PP que procedieron a la destrucción de los discos duros, y ha pedido que un juzgado de Madrid investigue estos hechos al considerar que podrían revestir un delito informático, tipificado con hasta dos años de cárcel.
Posible delito Tan pronto como se conoció la destrucción de los discos duros originales, reconocida por el PP, partidos políticos, acusación popular y abogados implicados mostraron sus dudas acerca de la legalidad de este hecho y reclamaron a los jueces que se investigue si se ha cometido un delito de obstrucción a la justicia y de encubrimiento. En este sentido, la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, dijo ayer que Mariano Rajoy "parece ser un encubridor de un presunto culpable".
La socialista añadió que la destrucción de los discos duros "coloca al presidente del Gobierno ante su gran mentira porque la pregunta es: ¿conocía Mariano Rajoy que se había destruido el disco duro? Si no es así, debería actuar de manera inminente para verificar quién es el responsable de esa acción, pero a estas horas no lo ha hecho".
Para Soraya Rodríguez, que el Partido Popular se haya amparado en la Ley de Protección de Datos para destruir esta información es "una burla y un uso fraudulento de una legislación que hace referencia exclusivamente a la protección de datos personales". Abundando en esta línea, dijo que "en ningún caso se puede entender que datos relacionados con los ingresos y los gastos de un partido político sean datos personales, a no ser que afecten a mucha gente de ese partido, a todos los que han estado cobrando sobresueldos, como la propia Soraya Sáenz de Santamaría, que ha hablado para encubrir este hecho", añadió.
