BILBAO. El también presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV ha explicado, en una entrevista en Radio Euskadi recogida por Efe, que los magistrados únicamente pueden actuar de oficio en casos penales, y que el asunto de la "txupinera", Jone Artola, pertenece a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Garrido ha respondido así a las críticas de algunos dirigentes del PP, que han lamentado estos días la inacción judicial en el caso de la "txupinera" de la Aste Nagusia, por participar en varios actos del programa de fiestas de la capital vizcaina, pese a que su nombramiento fue suspendido judicialmente en un proceso iniciado a instancias, precisamente, de la Delegación del Gobierno en el País Vasco.
"En el caso de una resolución en lo contencioso, si la parte interesada, en este caso la Delegación, considera que ha habido desobediencia y la Justicia debe actuar, debe pedirlo", ha explicado.
Ha recordado también que la suspensión de este nombramiento, basado en su presunta relación con los presos de ETA como integrante de la plataforma Etxerat, es una medida cautelar y que debe abrirse un proceso que se prolongará durante unos meses para decidir sobre el fondo del asunto.
Este magistrado ha comparado el caso de Artola con el del pregonero también suspendido de las fiestas de Laudio (Araba), Pablo Gorostiaga, quien se encuentra en prisión por el sumario 18/98, abierto contra el denominado "aparato político" de ETA, Ekin, y otras organizaciones consideradas del entorno de la banda.
Según ha dicho, el caso Gorostiaga "es evidente y sencillo" porque "encaja" en la Ley de Protección de Víctimas del Terrorismo, mientras que en el caso de Artola "puede haber alguna duda más, es un caso que necesita más elaboración, no sale directamente".
El juez también se ha referido a los casos de presos de ETA desvinculados completamente de la banda y acogidos a la denominada "vía Nanclares" y que gozan de permisos penitenciarios, y ha mantenido que "si cumplen la ley, no hay otra opción que concederlos, aunque siente mal a las víctimas".
Ha citado al preso expulsado de ETA Valentín Lasarte, condenado por varios asesinatos entre ellos el del dirigente del PP Gregorio Ordóñez, como un asunto de "claro" cumplimiento de la ley, aunque ha precisado que hay otros casos "más dudosos o límites", como el de Josu Uribetxebarria Bolinaga, quien salió de prisión por una enfermedad terminal.
"En este último caso depende de la interpretación de los informes médicos", ha puntualizado.
Sobre la posibilidad de una amnistía general al colectivo etarra, Garrido ha mantenido que resulta "imposible jurídicamente" y que para conceder dicha amnistía habría que reformar la Constitución.
