Bilbao. El pasado 30 de julio, justo antes de que los tribunales de justicia echaran el cierre por ser agosto un mes inhábil, la acusación particular en el caso por la muerte de Iñigo Cabacas presentó un escrito en el Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao en el que solicitaba las primeras imputaciones por los hechos que desembocaron en el fallecimiento del joven por el impacto de una pelota de goma disparada por la Ertzaintza. Todo un golpe de efecto previo al periodo vacacional que incluía a 40 ertzainas que participaron en el operativo del 5 de abril de 2012, al entonces viceconsejero de Seguridad, Miguel Buen, y al exdirector de la Ertzaintza José Antonio Varela. No así al exconsejero de Interior Rodolfo Ares, que es aforado por su condición de parlamentario, y cuya imputación no descartaban a principios de año los representantes legales de los padres de Iñigo Cabacas.
Tal y como afirmó la abogada de la acusación particular, Jone Goirizelaia, el pasado 26 de marzo en este diario, antes de que concluya la fase de instrucción y la jueza decida si archiva la causa o abre juicio oral, "habrá una serie de personas que vayan a declarar en condición de imputados porque reúnan las características que las acusaciones consideren". Agregaba que esta fórmula supone una mayor garantía de los derechos de los comparecientes, ya que disponen de asistencia letrada y pueden negarse a declarar. Por el contrario, "si van como testigos tienen la obligación de contestar, incluso a preguntas que les puedan perjudicar".
Rodolfo Ares, que estaba al frente de Interior cuando se produjo el fatídico suceso, se libra por el momento de este trance. Al ser parlamentario vasco, su eventual imputación dependería de instancias judiciales superiores -el Tribunal Supremo-, y debería ser solicitada por la propia jueza instructora. En lo que a la Fiscalía se refiere, no parece que vaya a hacer saltar la sorpresa. No en vano, los padres del joven de Basauri han denunciado en reiteradas ocasiones -la última, en su comparecencia parlamentaria del pasado 3 de mayo- la "falta de impulso al proceso" por parte del Ministerio Público, sobre todo después de que la fiscal asignada al caso fuera sustituida poco después de que éste echara a andar.
Por el contrario, el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, ha defendido en todo momento la actuación de la Fiscalía en el caso Cabacas. Hace varias semanas adelantó que la petición de imputaciones por parte del Ministerio Público se dirigirá en mayor medida a los mandos policiales al frente del operativo -incluyendo al nagusi de la comisaría de Deusto que ordenó la carga- y no a los agentes que tomaron parte en el mismo, debido a que será "difícil" identificar al responsable del disparo mortal.
Fase de instrucción Por el momento, la jueza instructora ya tiene deberes para cuando regrese de vacaciones, ya que debe decidir si acepta, al menos en parte, las imputaciones solicitadas por la familia Cabacas-Liceranzu. El entorno de Pitu tiene asumido que todo ello deberá esperar hasta mediados de septiembre, pues el proceso está sumido en un prolongado parón, tal y como sucedió el año pasado, cuando apenas habían comenzado las pruebas testificales. Será entonces cuando se reanude la prolongada fase de instrucción, en la que, por ejemplo, siguen pendientes de llegar los resultados de las pruebas periciales que la Policía española practicó el pasado 19 de junio en el callejón de María Díaz de Haro donde tuvieron lugar los hechos. "No nos consta que se hayan producido avances a ese respecto, no nos han comunicado nada", aseguraba a este diario un portavoz del Departamento de Seguridad.
La solicitud de imputaciones ya ha tenido una primera consecuencia con las declaraciones que realizó uno de los afectados, el exviceconsejero de Seguridad Miguel Buen, tan solo un día después de hacerse público que era el máximo responsable político señalado por la acusación particular. En una entrevista en ETB-2, el dirigente socialista desveló que tanto él como José Antonio Varela presentaron su dimisión ante Rodolfo Ares poco después de la muerte de Iñigo Cabacas, petición que el entonces consejero de Interior rechazó.
El motivo detrás de este intento de dejar el cargo, según Buen, es que los responsables de la comisaría de Deusto no reconocieron en un primer momento que en el operativo policial del 5 de abril del año pasado se hubieran disparado pelotas de goma, razón por la que dijo sentirse "engañado". Una versión que el exviceconsejero solo se ha atrevido a revelar una vez que sobrevuela sobre su cabeza la amenaza de la imputación, y que le ha valido duras críticas por parte de ELA.
"¿Cuál es la razón para que ahora, cuando ha pasado más de un año, salga con estas declaraciones?", se preguntó el sindicato. Agregó que las palabras de Buen "carecen de credibilidad, o lo que es peor, delatan una actuación negligente", ya que, si fue engañado por los mandos de Deusto sobre el uso de las escopetas, "¿por qué no procedió al cese inmediato de los mismos en el momento en que tuvo conocimiento de los hechos?". Le acusaron por ello de "pretender exonerarse de responsabilidad" con unas palabras "lamentables y cobardes".
La Fiscalía dirigirá
sus imputaciones a los mandos policiales por la dificultad de identificar al autor del disparo
Tras saber que podía ser imputado, Miguel Buen acusó a los 'nagusis'
de Deusto de ocultar el uso de pelotas de goma
