EN las últimas semanas se están prodigando declaraciones -en su mayoría por parte de líderes de la izquierda abertzale- en torno al final definitivo de ETA o, en sentido más amplio, en torno a la resolución de lo que se ha dado en llamar las consecuencias del conflicto. La propia ETA alude en su último comunicado a la posibilidad de su desarme, intención corroborada por afirmaciones de conocidos dirigentes de EH Bildu.

Esta profusión de pronósticos intenta mantener la expectación durante este verano y culminará los días 10 y 11 de octubre con una Conferencia Internacional de Alcaldes por la Paz promovida por el primer edil de Donostia, Juan Karlos Izagirre, a celebrar en Aiete y en el Kursaal. Iniciativa, por cierto, no muy bien acogida por los grupos opositores del Consistorio donostiarra que en un principio calificaron de "propagandística" o "manipuladora" por unos y de "unilateral" por todos.

De esta insistente referencia puede deducirse que está preparándose el camino para algo que realmente va a ocurrir, para ese "final del verano" que desde la izquierda abertzale se alude como momento clave, por los supuestos "pasos" que podrían apreciarse tanto por parte de la organización armada como por parte del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK). Por traducir esos enigmáticos "pasos", se trataría de movimientos de desarme en ETA y de aceptación de vías legales de reinserción por parte del EPPK.

Evidentemente, cualquiera de esas posibles iniciativas son consecuencia de la actitud de inacción adoptada por el Gobierno español, absolutamente opuesta a la voluntad de la inmensa mayoría de la sociedad vasca e inconcebible en la resolución definitiva de conflictos similares en el ámbito internacional. La perversa -y torpe- pasividad del Gobierno del PP va en la misma línea de los que se limitan a proclamar que "lo que debe hacer ETA es desaparecer", sin más, como si eso se fuera a hacerse realidad con un chascar de dedos.

Ni el sentido común ni el sentido político pueden aceptar que el conflicto siga abierto indefinidamente, que la sociedad vasca permanezca herida y enferma a perpetuidad por puro interés partidario. Y si los gobernantes españoles han decidido abandonar a su suerte a esta sociedad afectada por décadas de violencia, será preciso que desde este mismo país, sus partidos, sus instituciones y sus gentes se activen los mecanismos de resolución, por complicados que sean y por más pelos que se vayan dejando en las gateras respectivas.

En relación a los posibles pasos para el desarme de ETA, necesariamente unilaterales por falta de interlocutor, está claro que para mañana es tarde. Dos años de inactividad producen un inapelable deterioro de cualesquiera estructuras militares y lo único razonable sería entregarlas a alguna instancia internacional de objetivo humanitario bajo la supervisión y aval de los agentes internacionales que han acompañado a ETA en su proceso de abandono de la lucha armada. Si esta operación se lleva a cabo con solvencia y honestidad, si se logra un importante apoyo internacional, será el Gobierno español quien quede en evidencia y fuera de juego por no haber querido aprovechar su oportunidad.

Se baraja también la posibilidad de que el desarme se efectúe ante las instituciones vascas, y así lo ha parecido deducir Paul Ríos, coordinador de Lokarri, del último comunicado de ETA. Esta opción, promovida y trabajada por el PNV, tendría un importante contenido político por tratarse de un conflicto gestado, desarrollado y mayoritariamente sufrido en el País Vasco. Pero la realidad institucional de una Euskal Herria dividida dificultaría a ETA fijar un interlocutor. No podían faltar las suspicacias ante la posibilidad de que los jeltzales capitalicen ese escenario, visto con especial recelo por EH Bildu. Quizá habría que volver a aquella posibilidad barajada por los negociadores en Loiola (PSE, PNV y Batasuna), de que fuera Eusko Ikaskuntza la institución garante de los acuerdos aprobados.

En cuanto al inmovilismo del Gobierno español respecto a la modificación de su política penitenciaria, también para septiembre se espera el movimiento unilateral del EPPK que, paradójicamente, se equipararía a los pasos ya dados por los tan denostados presos acogidos a la vía Nanclares. Su hoja de ruta pasaría por la aceptación individual de las condiciones legales para la reinserción, aunque con la pretensión de darle un carácter colectivo. No va a ser fácil conciliar esta contradicción, pero en todo caso este movimiento dependería en primera instancia de la confirmación de la derogación de la doctrina Parot por parte de Estrasburgo y, sobre todo, está subordinada al desarme y disolución de ETA.

Hay mucho fondo, por tanto, en este inquieto verano. Pero quizá sea más razonable esperar a septiembre para comprobar si se trataba o no de algo más que un culebrón.

Algo más que serpiente de verano

Con la venia

Pablo Muñoz

Es preciso que partidos e instituciones vascos activen los mecanismos de resolución

para el final de ETA

Dos años de inactividad producen un deterioro de las estructuras militares y lo razonable sería entregarlas