"La vida de más de 3.800 salvadoreños ha dejado de perderse hasta la fecha gracias a este proceso de paz". Raúl Mijango y monseñor Fabio Colindres, facilitadores del proceso de pacificación de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, emitieron el pasado 11 de junio un comunicado en el que evaluaron los 15 meses de tregua en El Salvador: antes, la media de asesinatos por día era de entre 14 y 15 -70 muertos por cada 100.000 habitantes-; ahora, ha descendido a 5,5 -30 por cada 100.000-. Asimismo, el país ha pasado del segundo puesto en la lista de países más peligrosos del mundo en 2012 al 44 actual. El 9 de marzo del año pasado arrancó una polémica tregua gestada desde las cárceles. La Mara Salvatrucha y la Barrio 18 anunciaban su deseo de poner fin a los asesinatos.
El compromiso fue recibido con escepticismo y también indignación por una parte de la sociedad, que criticó la negociación con los autores de asesinatos, violaciones y extorsiones, y la posible obtención de beneficios por parte de estos. Sin embargo, hay que ve en este proceso el momento más importante para poner fin a la violencia en Centroamérica desde la firma de los Acuerdos de Paz. "Yo creo que apuesta por una solución distinta a las recetas que no hicieron más que agravar el fenómeno", opina Roberto Valencia, periodista del medio digital salvadoreño El Faro. Este periódico fue el primero en dar a conocer la negociación secreta entre el Gobierno salvadoreño y las pandillas, negado durante meses por el primero.
Un año después, el pasado abril, un grupo integrado por el obispo Colindres y representantes de la sociedad civil se reunieron en Washington con José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha jugado un papel importante en la supervisión de la tregua casi desde el inicio como "garante del proceso de paz".
"Básicamente, esto nace como un deseo de ellos de dejar de matarse. El grueso de las energías de la pandilla era exterminar a la pandilla contraria. Y dijeron hasta aquí, no vamos a incursionar a territorio contrario para hacer eso, pero si alguien viene aquí, aquí se va a quedar. Por lo tanto, sigue habiendo asesinatos y sigue habiendo purga interna", explica Valencia. "Eso es a lo que se comprometieron y fueron ampliándolo a otros colectivos como policías, soldados, custodios de los centros penales, todas sus familias, que viven en las mismas colonias que las familias de los pandilleros. Luego, en cada comunicado, fueron comprometiéndose a dejar de asediar las escuelas, que eran zonas de reclutamiento, respetar más a la mujer", agrega. Además, los mareros han pedido al Gobierno su traslado a cárceles de menor seguridad y oportunidades de trabajo.
La violencia ha caído, pero la extorsión sigue siendo su principal fuente de financiación. Así, chóferes de autobús y dueños de tiendas se ven obligados a pagar cada mes una "renta" a la clica -estructura en la que se divide la pandilla y que opera de forma autónoma en sus zonas de control-. En el último comunicado, los mediadores explican que esta actividad se ha reducido un 11%, pero sigue siendo una actividad habitual.
Las cifras oficiales indican que 470.000 personas -unos 60.000 pandilleros, novias, familias- viven del fenómeno de las maras en El Salvador, de una población de 6,3 millones. Los líderes de las maras se ofrecieron a frenar la extorsión a cambio de alternativas de reinserción, pero el Gobierno salvadoreño aún no ha avanzado en este punto. Hace meses, anunció la creación de empresas que emplearían exclusivamente a mareros y familiares de mareros, pero aún no se ha iniciado nada. "Quien quiera ver peros a este proceso, este es uno. Siguen sin renunciar al poder estructural de la pandilla, al estado de terror que implementan en las zonas que controlan, que es infinito, y a las herramientas de financiamiento", asegura Valencia.
Y en Honduras... Y mientras el proceso de pacificación avanza en El Salvador entre multitud de desafíos, en Honduras, los líderes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 han ofrecido "cero asesinatos", una especie de tregua similar a la de sus vecinos, a cambio de "una forma de ganarnos la vida, enseñarle a nuestros hijos a trabajar, que los jóvenes tengan lugares, puestos de trabajo, aprender un oficio". En declaraciones ante la prensa por separado en el penal de San Pedro Sula -considerada la ciudad más violenta del mundo-, ambas pandillas pidieron perdón a la sociedad hondureña. Acompañando la declaración estuvieron el obispo auxiliar de San Pedro Sula, monseñor Rómulo Emiliani, y el secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Casi un mes después del anuncio, Emiliani quiere dejar clara una cosa: "No hay tregua entre pandillas", como en el caso de El Salvador. "No se ha logrado una tregua entre pandillas, ellos siguen en pie de guerra, lamentablemente es una solapada guerra civil entre los jóvenes hondureños con todos los medios más terribles", agrega. "Han hecho una declaración de principios de reconciliación, con Dios, con la sociedad, con el Gobierno y la policía; ambas pandillas han coincidido en eso, sin hablar entre ellos", matiza. Explica que "están en proceso como de iluminación, no quieren que sus hijos sufran lo que ellos están sufriendo" y advierte de que este puede ser un proceso que lleve años. Honduras es el país más peligroso del mundo, con 80,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El Gobierno de Porfirio Lobo ya ha expresado su "apoyo moral" a esta iniciativa de las maras, pero no ha realizado ningún movimiento ni ha mostrado su disposición a unirse a la mediación.
La Mara Salvatrucha se ha ofrecido a no cometer más homicidios, frenar el reclutamiento, las extorsiones y otro tipo de actividades criminales. Sin embargo, la Barrio 18 aseguró que era demasiado pronto para discutir el compromiso de parar la extorsión, también la principal fuente de financiación de estas pandillas. En qué culminará el proceso en Honduras es aún una incógnita.