Vitoria. Cuando el Gobierno español presentó su propuesta de Ley de Acción Exterior esgrimiendo la necesidad de operar desde la coordinación y con mayor eficiencia en suelo internacional, formaciones como PNV y CiU temieron que, en realidad, Madrid buscara controlar las actuaciones de Lakua y la Generalitat en otros países. No en vano, el PP puso su iniciativa sobre la mesa después de que Artur Mas anunciara su apuesta por internacionalizar el conflicto, y después de que los sectores más centralistas reclamaran a Rajoy que atara en corto al president. Sin embargo, el Ministerio de José Manuel García-Margallo negó las acusaciones y, de hecho, asumió un tono conciliador en la visita cursada el 10 de mayo a Lehendakaritza para conocer las alegaciones de Lakua al texto, lo que podría haber permitido al Gobierno Vasco albergar ciertas esperanzas en una resolución positiva para la CAV. Pero las buenas formas no se han traducido en una respuesta satisfactoria para el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

Según ha podido saber DNA, el Gobierno español solo ha introducido en su proyecto una de las siete alegaciones presentadas por Lakua y, además, esa propuesta aceptada no era ni de lejos la más relevante. Se limitaba a aclarar que la acción exterior de las entidades locales la coordinarán las comunidades autónomas y no el Gobierno español. Las alegaciones con mayor carga política han caído en saco roto. Así, el Ejecutivo de Rajoy sigue reservándose el control de los viajes de los territorios y la apertura de nuevas delegaciones de las comunidades en el exterior. Lehendakaritza tampoco aprecia cambios en la filosofía de "control" de la norma, y esgrime como ejemplo que Madrid no haya accedido a modificar el término "dirigir" por "coordinar" en referencia al papel del Ejecutivo español en la acción exterior.

la clave del proyecto Los aspectos más controvertidos de la propuesta se refieren al control de los viajes y la apertura de nuevas delegaciones. En esos dos casos, cabe puntualizar que Madrid acabó presentando en Consejo de Ministros un texto más descafeinado que las especulaciones filtradas en un primer momento a los medios de comunicación, según las cuales el Gobierno español podría vetar la apertura de una nueva delegación exterior a una comunidad que incumpliera el objetivo de déficit, además de que le retiraría el apoyo de las embajadas estatales si se embarcara en un viaje que no contara con la aprobación ministerial. Aun así, el proyecto oficial sigue contemplando cuestiones inadmisibles a juicio de Lakua.

En ese sentido, el artículo 5 estipula que las comunidades deben avanzar a Exteriores sus planes de viaje para que el Ministerio pueda "informar y, en su caso, emitir recomendaciones" sobre la adecuación de esos desplazamientos a la política exterior estatal. Lakua no ve sentido a un reporte tan exhaustivo, que abarcaría incluso los viajes de los parlamentarios. Por ello, propuso mantener a Madrid simplemente al corriente de su estrategia, y no de los viajes concretos. Si quisiera bajar al detalle, el Estado debería activar foros de coordinación con los territorios en los que no fueran meros convidados de piedra. Pero el Ejecutivo español ha rechazado las dos propuestas.

El proyecto mantiene la necesidad de informar a Madrid de los viajes, y solo puntualiza que las recomendaciones que emita el Gobierno español habrán de ser "motivadas", es decir, justificadas. Sin embargo, no concreta quién establecerá los criterios de la motivación ni en qué consistirán y, en cualquier caso, Lakua perseguía eliminar de raíz esas recomendaciones, con lo que la propuesta de Madrid no satisface en modo alguno sus peticiones. También rechaza el foro de coordinación.

En cuanto a la apertura de nuevas delegaciones, el proyecto pide a las comunidades, en su artículo 12, que informen al Gobierno español del establecimiento de oficinas antes de su inauguración para que el Ministerio de Asuntos Exteriores emita un informe de acuerdo con los criterios de la política internacional del Estado, al tiempo que Hacienda emitiría su propio dictamen para dilucidar si la propuesta del territorio encaja con el principio de eficiencia en la gestión, aunque ni uno ni otro tendrán capacidad de veto.

El Gobierno Vasco acepta la necesidad de informar a Madrid sobre la intención de abrir una nueva delegación, pero ve fuera de lugar los informes y la fiscalización por parte de los ministerios. El Ejecutivo español ha desatendido la propuesta, y ha mantenido la redacción del artículo en sus términos. Madrid también ha mantenido la apuesta por emitir informes previos sobre los acuerdos que pretenda firmar una comunidad con otro país, y otras menciones similares al control del Estado sobre la política exterior.

Desde Lehendakaritza entienden que el Gobierno español ha confirmado su intención de "planificar y dirigir" la acción exterior de las comunidades, y denuncian que "está entrando en terreno competencial" de los territorios, ya que al Ejecutivo del PP "solo le corresponde coordinar la acción exterior, y no controlar, ni dirigir, ni planificar". Además, ponen en valor que Madrid tampoco haya atendido las observaciones del Consejo de Estado, cuando le advierte de que "una parte significativa de los contenidos del anteproyecto corresponde a materias cuya regulación puede resultar innecesaria e, incluso, poco apropiada". Según esgrime Lakua, el Consejo también considera que algunos preceptos pueden considerarse "innecesarios y, hasta cierto punto, perturbadores". El organismo estatal remataría la ley criticando que "resulta poco rigurosa" respecto a los fines, principios y objetivos de la política exterior. "Llama la atención que hasta el Consejo ponga en tela de juicio la norma y, aun así, el Gobierno español no la cambia", lamentan desde Lakua.

recorrido parlamentario En cualquier caso, el Gobierno Vasco no se da por vencido, y remite al recorrido parlamentario que debe afrontar la ley en el Congreso, aunque la mayoría absoluta del PP quizás no deje demasiado resquicio para la esperanza de Lakua. El texto se encuentra ahora mismo en el Congreso, y el plazo de enmiendas finalizará a mediados de septiembre. Según las fuentes consultadas, el PNV recuperará las alegaciones de Lakua para volverlas a poner sobre la mesa del PP en forma de enmiendas al proyecto, por lo que técnicamente aún habría margen para cambiar la norma. Paralelamente, proseguirán los contactos entre los dos gobiernos. "El Gobierno Vasco seguirá trabajando y peleando en la tramitación. La acción exterior es clave para este Ejecutivo, que va a intentar preservar sus competencias", zanjan desde Lehendakaritza.

De hecho, el Gobierno de Urkullu ha convertido la acción exterior en una de sus prioridades, y ha presentado recientemente la marca Basque Country. En un momento de crisis y depresión de la demanda interna en el Estado, las empresas de la CAV podrían encontrar una vía de escape y colocar sus productos en otros mercados para superar el bache económico. Lakua también busca proyectar una imagen atractiva de Euskadi en el exterior para atraer turistas e inversiones.