madrid. A medida que Luis Bárcenas tira de la manta, crecen las voces de aquellos que se preguntan hasta cuándo podrá mantenerse Mariano Rajoy al frente de La Moncloa, y cuándo saldrá a la luz una revelación que le fuerce a arrojar la toalla. La respuesta bien podría resumirse en que la dimisión del presidente español será cuestión de voluntad política más que fruto de una eventual imputación: aun en el supuesto de que se acreditaran las donaciones empresariales y los presuntos sobresueldos a altos cargos del PP anotados por el extesorero en sus papeles, y aun pasando por alto el obstáculo de la prescripción en muchos casos, resultaría más complicado probar que dichas actuaciones fueran delictivas y que, por ejemplo, las empresas pagaran al partido a cambio de adjudicarse obras en las instituciones gestionadas por los populares. Por lo tanto, a pesar de que el caso pueda erosionar la imagen de Rajoy y tener un coste político, y a pesar de su hondo impacto en la opinión pública, jurídicamente podría carecer de recorrido.

La investigación sobre el extesorero se remonta a febrero de 2009 y a las pesquisas sobre el caso Gürtel, la presunta trama de corrupción vinculada a cargos del PP y a supuestas adjudicaciones irregulares. En enero de este año, el caso dio un giro inesperado con la publicación por parte de El País de los papeles del extesorero, que detallaban el supuesto pago de sobresueldos a altos cargos del partido entre los que se encontraban el propio Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos y Rodrigo Rato. Aunque se especulara con que José María Aznar también recibió sobres en B -la inscripción "J.M." dio pábulo a esa interpretación-, el juez rechazó citarlo. Bárcenas también exoneró ayer al expresidente español, quien podría salir beneficiado de la polémica, al igual que la presidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre, otro de los arietes del ala más liberal del partido que ha puesto en un aprieto a Mariano Rajoy criticando sus subidas de impuestos. De hecho, no han tardado en surgir las voces populares que piden un cambio de liderazgo.

En esos mismo papeles figuraban donaciones de empresarios, en ocasiones por encima del límite permitido por la Ley de Financiación de los partidos vigente en el momento de los pagos. En concreto, se habrían registrado abonos superiores a 60.000 euros cuando la norma vigente hasta julio de 2007 los prohibía. Tampoco podían donar las entidades que prestaran servicios a la Administración.

no es delito No obstante, donar por encima del tope legal no constituiría delito, sino que se limitaría a una infracción, siempre y cuando no superara también el límite anual de 120.000 euros a partir del cual se incurre en un delito fiscal -aun en ese caso, la responsabilidad no recaería en Rajoy, sino en la administración controvertida de los tesoreros-. Por lo tanto, no bastaría con acreditar esos pagos y argumentar que contradijeran la ley vigente en 2007.

Sin embargo, desde determinados ámbitos se especuló con la posibilidad de que, además, el PP hubiera adjudicado obras a esas firmas a cambio de la inyección de fondos. Esa práctica sí podría poner en apuros al partido, ya que probaría un delito de cohecho. A pesar de ello, acreditar la comisión de ese delito no resulta sencillo. Es necesario documentarlo exhaustivamente y probar caso a caso que cada pago tuvo como contraprestación una adjudicación determinada. Hasta la fecha, simplemente se ha puesto sobre la mesa un informe policial que ha llegado a la conclusión de que los donantes recibieron 12.000 millones en contratos de administraciones gobernadas por el PP entre 2001 y 2012. Aunque esa vía de investigación permanece abierta -se ha imputado a nueve empresarios-, no podría invocarse ese delito a la ligera.

Dejando al margen a los empresarios y a las eventuales contraprestaciones, cabría preguntarse si la supuesta recepción de sobresueldos, en sí misma, sería delictiva. Pero también ese punto termina en vía muerta, ya que la cantidad anual presuntamente percibida por los altos cargos no llega a los 120.000 euros a partir de los cuales puede hablarse de un delito fiscal. Por lo tanto, no sería perseguible desde el punto de vista penal. Además, Bárcenas no ha logrado aportar ningún recibí ni, por tanto, acreditar los sobresueldos.

En cualquier caso, si se probara, aunque no mereciera reproche penal, sí colocaría en una incómoda posición a Rajoy desde el punto de vista ético. Parece complicado imaginar un escenario en el que se demostraran los sobresueldos y no dimitiera. Además, podría seguir especulándose con la posibilidad de que el PP concediera adjudicaciones a las empresas a cambio de los supuestos sobres, y con los supuestos 21 años de financiación ilegal, una losa demasiado pesada para el partido y una baza que la oposición no desaprovecharía.

A favor de los populares computa su mayoría absoluta. El Gobierno no caería, por tanto, con una moción de censura, que al PSOE tampoco le resultaría sencillo presentar por carecer de candidato -podría resultar chocante que se presentara Rubalcaba mientras prepara las primarias para relevarlo-. Además, si el socialismo pidiera elecciones, se enfrentaría a sus negativas perspectivas en las urnas, aunque también podría verse obligado a virar para no perder más apoyos por asumir un discurso tibio. Tampoco Europa parece decidida a inmiscuirse en "cuestiones domésticas".