MADRID. En un informe remitido hoy al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el fiscal Antonio Romeral considera necesaria su declaración o "la del representante legal" para que "explique el procedimiento de recepción de las donaciones anónimas percibidas por el partido".
"Entendemos procedente la propuesta en la medida que puede esclarecer y aportar información sobre los hechos objeto de investigación", añade.
El fiscal se opone en cambio a la petición de esta acusación, ejercida entre otros por IU, de que declaren como testigos sus antecesores en el cargo Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, así como el expresidente del Gobierno José María Aznar para que expliquen las donaciones recibidas por el partido.
Respecto a Arenas, secretario general de 1999 a 2002, el fiscal entiende que no es procedente su declaración pues el período en que ostentó el cargo "es anterior al que delimita el objeto de investigación en la presente pieza separada" sobre los llamados papeles de Bárcenas. Lo mismo argumenta sobre la declaración de Álvarez Casos, que fue secretario general de 1989 a 1999.
La acusación popular también solicitaba que la Agencia Tributaria aportara las declaraciones de renta y patrimonio de 2000 del presidente del Senado, Pío García Escudero, para verificar si declaró el préstamo personal que le concedió el partido.
Sin embargo, el fiscal considera que esta diligencia "adolece de los vicios de inutilidad e impertinencia", dado que él mismo reconoció ante el juez que no declaró dicho préstamo.
El fiscal recuerda que este procedimiento "solo afecta a la repercusión que en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ejercicios de 2007 y 2008 pudieran tener para el Partido Popular las anotaciones" de los llamados papeles de Bárcenas, "de confirmarse la existencia de los hechos que reflejan".
Sí que apoya preguntar al PP acerca de la existencia de "retribuciones estandarizadas" complementarias de las que habló el diputado Eugenio Nasarre y "se entreguen a este Juzgado para su incorporación a esta causa, las normas internas (...) sobre percepción de honorarios, salarios, retribuciones, suplidos, compensaciones económicas o cualquier otro pago ordenado o permitido por la Dirección Nacional del Partido Popular".
Además, cree adecuado que testifique el patrono de la Fundación Humanismo y Democracia en esos años, José Ramón Pin, sobre su percepción de una entrega de 40.000 euros del PP que Nasarre reconoció.
También reclama que se cite como testigo al cajero del PP Antonio Ortiz después de que declarara otro cajero del partido, Luis Molero, quien dijo que Bárcenas le daba dinero en metálico para ingresarlo en la cuenta del PP.
Pide además reclamar a Hacienda las declaraciones de renta y patrimonio del expresidente balear Jaume Matas, quien reconoció haber recibido una ayuda del PP cuando dejó el Gobierno para concurrir a las elecciones en Baleares, aunque en los apuntes de Bárcenas se hacía referencia al alquiler de un piso.
Tampoco se opone a que se requiera al PP que informe por escrito de las personas que podrían haber tenido acceso a la contabilidad de la formación de 2002 a 2008.
Rechaza sin embargo la petición de que el PP identifique a los donantes que realizaron los ingresos efectuados entre 1992 y 2008 porque ya se pidió antes y el partido aportó la información limitada al período de 2004 a 2011.
También cree "inútil" la petición de la acusación de que el PP aporte la contabilidad oficial o soportes contables del período 1993 a 1999, pues dicho partido ya comunicó al juzgado que no conserva documentación contable anterior al ejercicio de 2004.
La acusación pedía al juez que requiera a la empresa OHL, presidida por Juan Miguel Villar Mir, su contabilidad y la de las empresas del grupo donde se reflejen las donaciones efectuadas desde 1992 hasta ahora.
El fiscal no se opone a esta diligencia pero la limita al periodo comprendido entre 2004 y 2008, primer y último ejercicio en el que aparecen en los denominados papeles de Bárcenas.
Igualmente, la acusación pedía información de organigrama, directivos y contabilidad de AZVI, Sacyr-Vallehermoso, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Rubau Construcciones y Sando. El fiscal cree que se debe limitar la documentación pedida a AZVI al periodo 2002-2008, a Sacyr a 2003-2004 y a FCC a 2003-3008.
