Sevilla. La Junta de Andalucía abonará la defensa jurídica privada de los altos cargos de la administración autonómica que están en activo y de los funcionarios públicos imputados por la juez Mercedes Alaya en el caso del fraude de los ERE. El portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, explicó en rueda de prensa que el pago de esta defensa se recoge en el reglamento del servicio jurídico de la Junta, y aclaró que sólo afecta a los altos cargos en activo y a los funcionarios públicos que así lo soliciten.
La jueza Mercedes Alaya imputó la semana pasada a una veintena de altos cargos de la Junta, entre ellos al viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, junto a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez. Vázquez explicó que se aplicará el reglamento de los servicios jurídicos en virtud del cual los altos cargos y los funcionarios públicos pueden pedir el servicio de defensa de la administración o el pago de una defensa letrada cuando están imputados en una causa judicial.
También señaló que la Junta de Andalucía no va a recurrir el auto de la magistrada porque "quiere andar con pies de plomo" en este asunto, y aseveró que "no hay motivos" para imputar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, o a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.
Defendió además el derecho de la administración autonómica a "hacer públicas sus discrepancias" con el auto, el cual es, a su juicio, "perfectamente recurrible y señala a personas honestas que han hecho un buen servicio a Andalucía". Además, censuró que el auto "parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal" y tiene "cierta inconsistencia apuntada por importantes juristas".
