palma de mallorca. El juez del caso Nóos, José Castro, propuso ayer al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que investigue al expresidente autonómico Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al considerar que existen indicios de delito y no poder realizar él estas labores al ser diputados de las cortes valencianas y, por lo tanto, aforados.

En un auto hecho público ayer, el juez Castro entiende que tanto Camps como Barberá pudieron tener una "decisiva e imputable intervención" en los delitos, entre el que se encuentra la malversación de fondos públicos, que habría cometido el Instituto Nóos.

En concreto, Castro eleva al TSJ de Valencia una exposición razonada proponiendo que asuma la competencia para instruir y decidir acerca de los hechos relativos a tres cumbres Valencia Summit y al proyecto de los Juegos Europeos, por si pudieran tener responsabilidades penales por conceder contratos a la sociedad de Urdangarin de forma ilegal.

Castro propone que la narración de los hechos que realizó cuando impuso en enero una fianza de 8.189.448 euros a los dos principales imputados, Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, sea reproducida y utilizada en lo que pueda afectar a los dos aforados, Camps y Barberá.

El juez recuerda en el auto que en su resolución de enero ya hacía referencia a "indicios racionales de que en la ciudad de Valencia había tenido lugar una serie de hechos de apariencia delictiva".

Además, el juez Castro señaló en su resolución de enero que en los convenios firmados por Nóos y las administraciones balear y valenciana, figuran contratos amañados, facturas cruzadas y otras "transgresiones palmarias de la legalidad".

Detalló que en esos convenios se prescindió "olímpicamente de tramitar absolutamente ningún concurso público ni negociado", se los vistió de "ropaje jurídico" y se justificó su concesión a Nóos "en exclusiva atención" a que al frente de la entidad estaba "el yerno del rey".

Del Valencia Summit se celebraron tres ediciones en la capital levantina en 2004, 2005 y 2006, que supusieron un coste para las arcas públicas de 3.132.000 euros, mediante convenios entre el Instituto Nóos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau.

En cuanto a los Juegos Europeos, que no llegaron a celebrarse, el Ejecutivo pagó 382.203 euros al Instituto Nóos en diciembre de 2005, a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana.

Camps y Barberá han sido señalados por algunos encausados como los responsables últimos de las negociaciones que condujeron a la celebración en Valencia de los tres foros deportivos que la Fiscalía Anticorrupción considera que fueron una fuente de malversación de fondos.

Entre ellos, Diego Torres que declaró que Urdangarin y él se habían reunido con Camps y Barberá en 2004 en el Palacio de la Zarzuela para hablar sobre la celebración del primero de estos foros.