Vitoria. El Gobierno Vasco dio ayer un paso más en su objetivo de minimizar la amplia brecha que separa hoy en día a la ciudadanía de la clase política y, por ende, de las instituciones. Como máximo representante de este ámbito en Euskadi, el Ejecutivo liderado por Iñigo Urkullu aprobó ayer un Código Ético y de Conducta que releva al que en la pasada legislatura elaboró el Gabinete López y que se mantenía vigente hasta ahora. Las conductas sancionables son similares, pero el verdadero salto cualitativo reside en la concreción de las sanciones, incluido el cese del infractor, y el sistema establecido por el Ejecutivo vasco para garantizar el cumplimiento de los enunciados.
A lo largo de 26 folios, el nuevo régimen disciplinario está destinado a los ocho miembros que componen el Consejo de Gobierno -lehendakari y consejeros-, los altos cargos, trabajadores eventuales de la Administración y los máximos responsables de las sociedades públicas, una cifra que supera las 240 personas, según datos ofrecidos ayer por el Gabinete Urkullu.
El portavoz y consejero de Justicia y Administración Pública, Josu Erkoreka, encargado ayer de dar cuenta de esta iniciativa, será también el dirigente que en su papel de consejero se hará cargo de la presidencia de la Comisión de ética pública. Mediante este instrumento, el Gobierno Vasco quiere garantizar un exhaustivo seguimiento de las infracciones y el cumplimiento de su correspondiente sanción.
Erkoreka estará acompañado del viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, y de dos personas "con experiencia y prestigio en el ámbito de la ética y la alta dirección ejecutiva", puestos clave ya que serán los únicos miembros con derecho a voto en esta comisión que siendo ajenos a la estructura del Ejecutivo se pronunciarán sobre el castigo que debe asumir el infractor. Según apuntó Erkoreka, la identidad de estas dos personas se conocerá en los próximos días. La comisión se completará con un secretario, quien tendrá voz pero carecerá de voto.
Este grupo recibirá las denuncias que "cualquier ciudadano" puede interponer en caso de tener sospechas o indicios de que algunos de los cargos supeditados al cumplimiento del código vulnere alguno de sus puntos. Valores, principios, comportamientos y conductas contemplan el amplio listado que cada miembro afectado deberá cumplir a rajatabla.
Como primer paso, estas personas dispondrán de un plazo de 15 días desde el momento en el que el código aparezca publicado en el Boletín Oficial del País Vasco para adherirse, de lo contrario serán automáticamente sancionadas por la comisión competente con su cese.
El portavoz del Gobierno Vasco destacó que se trata de un código "exigente en los comportamientos y ambicioso en los mecanismos de seguimiento", dos ejes vertebrales que obedecen al modelo nórdico en que el Gabinete Urkullu ha querido mirarse para dar un paso más en relación a las iniciativas similares que hasta ahora se había activado tanto en el escenario institucional vasco como en otras comunidades autónomas.
La comisión será la encargada también de determinar el futuro de una cargo imputado por su actuación profesional. Así, en caso de determinar su culpabilidad, las tres vías que a priori contempla este grupo de trabajo son el cese inmediato, si afecta al incumplimiento de los estándares de conducta expresamente recogidos; el traslado al órgano competente, para que se proceda a incoar, instruir o sancionar la conducta; o el traslado al Ministerio Fiscal, si hubiere constatación de posible delito o falta.
Los altos cargos tampoco podrán discrepar o criticar abiertamente las posiciones políticas explicitadas por el Gobierno Vasco, una posibilidad que supondría su cese inmediato.
El resto de variadas posibilidades que den lugar a la actuación de la comisión se asemejan a las habituales en estas herramientas. Entre ellas destaca la prohibición de aceptar donaciones o regalos más allá de los relativos a la "cortesía", la imposibilidad de los altos cargos de cobrar por participar en tertulias en medios de comunicación, entrevistas o reportajes, o llevar a cabo cualquier tipo de negocio o actividades que puedan colisionar en los intereses públicos.
