MADRID. El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y el propietario del grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, negaron ayer con rotundidad haber hecho "nunca" donaciones al PP durante su declaración como imputados en la causa de los papeles de Bárcenas, que reflejan una supuesta contabilidad B de los populares. Ambos comparecieron ante el juez Pablo Ruz, al igual que el expropietario de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, quien, por contra, se acogió a su derecho a no declarar y para evitar ser captado por las cámaras abandonó la Audiencia Nacional tapándose la cabeza con un casco de moto.

En su declaración, en la que el fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, no formuló preguntas, Villar Mir solo reconoció pagos a fundaciones como FAES, del PP, (45.000 euros anuales) o a los sindicatos UGT y CC. OO. (120.000 a cada uno), así como para Mujeres por África, de la exvicepresidenta socialista Teresa Fernández de la Vega, fundada en 2012 y a la que donó 120.000 euros, y al Instituto Elcano (150.000). Villar Mir sí que admitió que conocía al extesorero popular Álvaro Lapuerta, al haber coincidido con él en varios sitios, y también a su sucesor Luis Bárcenas, pero con este dijo que no tuvo relación. Aseguró además que nunca ha hablado con ninguno de ellos de contrataciones de obra pública, que nunca ha hecho ningún pago al PP o al PSOE, ni legal ni en forma de comisiones, y que él no es de ninguno de esos dos partidos.

Por su parte, José Luis Sánchez Domínguez negó haber realizado donaciones al PP aunque sí admitió que mantiene con Lapuerta una estrecha amistad. "Las donaciones no están dentro de la política de Sando", especificó el empresario, quien agregó que en los últimos cinco años ha ido dejando de forma progresiva la responsabilidad de su negocio en manos de sus cuatro hijos. Sánchez Domínguez precisó que a pesar de la fuerte relación que le une a Lapuerta y que se extiende a su familia -sus mujeres son amigas-, nunca habló con el extesorero sobre contratos de obra pública o adjudicaciones.

El empresario hizo al respecto una única salvedad y reconoció que preguntó a Lapuerta en 1998 sobre las contratas dependientes del Ayuntamiento de Madrid, cuyo alcalde era entonces José María Álvarez del Manzano. Las fuentes consultadas indicaron que Lapuerta le dijo entonces que no se llevaba bien con el primer edil madrileño, por lo que el constructor no volvió a tratar el tema. Según apunta la UDEF, Sando recibió entre 2002 y 2012 un total de 222 contratos públicos por 1.940,39 millones de euros, de los que 51 fueron adjudicados por gobiernos del PP, con un montante de 264,82 millones de euros.

Su máximo responsable, José Luis Sánchez, habría aportado 1,25 millones de euros en donaciones. En cuanto a Bárcenas, Sánchez Domínguez aseguró conocerle de forma superficial, por haber coincidido con él en alguna de sus frecuentes visitas al despacho de Lapuerta en Génova.

Pozuelo se negó a declarar Por su lado, el empresario Alfonso García Pozuelo se acogió a su derecho a no declarar ante Ruz sobre sus supuestas donaciones al PP, tras lo que una de las acusaciones pidió una vista de medidas cautelares para reclamar su ingreso en prisión, algo que el juez rechazó. García Pozuelo se negó a declarar como imputado en la pieza del caso Gürtel sobre los llamados papeles de Bárcenas, donde se reflejan pagos al PP del expropietario de Constructora Hispánica por 150.000 euros en varias partidas los años 2000, 2003, 2004 y 2006.

Su abogado remarcó que Pozuelo ha colaborado en ocasiones anteriores con la justicia declarando en la pieza principal del caso Gürtel, en la que también está imputado. La Asociación Libre de Abogados pidió al magistrado que se celebrara una vistilla de medidas cautelares, en la que pensaba reclamar su prisión, petición a la que se sumó otra de las acusaciones, la ejercida por el PSPV. El juez lo rechazó porque no era el cauce procesal adecuado.