PALMA DE MALLORCA. El juez instructor del caso Nóos, José Castro, decidió ampliar la investigación sobre la participación de la infanta Cristina en la sociedad Aizoon, que compartía con su marido Iñaki Urdangarin para aclarar si pudo cometer delitos fiscales o de blanqueo de capitales. Ayer dictó un auto en el que ordena a la Agencia Tributaria nuevas diligencias sobre la actividad de Aizoon, el uso de sus fondos, sus ingresos y sus liquidaciones fiscales, y reclama un informe sobre las cuentas corrientes de las que la infanta sea titular o en las que aparezca como apoderada, bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión y depósitos de los que sea titular.

El juez basa su petición en el auto de la Audiencia de Palma que el pasado 7 de mayo dejó sin efecto la imputación de la hija menor del monarca pero expresó "recelos" sobre el informe de la Agencia Tributaria de Catalunya que descartaba que pudiera haber cometido delitos contra la Hacienda como socia de Aizoon. Por ello, ordena que se aclaren las objeciones de la Audiencia y que se practiquen "cuantas diligencias de investigación" sean precisas para "descartar de plano" que la infanta Cristina haya sido partícipe del delito fiscal que la Agencia Tributaria sí atribuye a Urdangarin por sus declaraciones de la renta de 2007 y 2008. El instructor, que también requiere que se cuantifique "la cuota supuestamente defraudada" por el esposo de la infanta, ha decidido que las declaraciones del IRPF de Cristina que aportó la Agencia Tributaria se incorporen a la causa.

Como se desprende de las declaraciones de la renta que la Agencia Tributaria (ha aportado al juez, la infanta pasó de percibir 162.360 euros en 2008 en concepto de retribuciones dinerarias por rendimientos de trabajo a un total de 311.169 euros en 2009. Hacienda se remonta al año 2002 a la hora de analizar la tributación del Impuesto sobre la Renta por parte de la infanta, periodo en el que presentó como rendimientos del trabajo 147.000 euros. En 2010, el último ejercicio estudiado, la cantidad asciende a 319.298 euros.

A su vez, el auto pide al presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, que certifique si el expresidente de la Comunidad, Francisco Camps, y la alcaldesa de su capital, Rita Barberá, tienen acta de diputados autonómicos. Camps y Barberá han sido señalados por algunos encausados como los responsables últimos de las negociaciones que condujeron a la celebración en Valencia de tres foros deportivos que organizó el Instituto Nóos y que la Anticorrupción considera que fueron fuente de malversación de fondos públicos.

Además, Castro requiere a Diego Torres, exsocio de Urdangarin, que "se abstenga de presentar cualquier documento que implique una intromisión en la esfera de la intimidad ajena", en referencia a los correos que viene aportando. El juez también ha citado a declarar a 25 testigos que participaron en los foros sobre turismo y deporte que Nóos organizó en Mallorca en 2006 y 2007, entre ellos responsables empresariales y profesores universitarios que fueron invitados a intervenir o asistir a los foros impulsados por el Instituto, algunos conocidos como el expresidente del Barcelona, Joan Gaspart.