Vitoria. "Lo único que queda claro es que no se intervienen los municipios de menos de 5.000 habitantes; lo demás es una inmensa confusión, por lo tanto la desconfianza que teníamos permanece inalterable". Así de lapidario se mostraba ayer el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, tras salir de la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) en la que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, presentaba la versión definitiva sobre su polémico anteproyecto de reforma local. De lo poco que ha quedado claro es que el Gobierno del PP "ha contemplado" las alegaciones enviadas por los Ejecutivos de la CAV y de Nafarroa al texto entregado en febrero por el ministerio. Por lo tanto, la nueva ley respetará las "peculiaridades" de los respectivos estatutos de autonomía acerca de la singularidad de su entramado institucional.

El Ejecutivo español dio ayer un nuevo paso en su anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyo borrador deberá enviar ahora al Consejo de Estado antes de ser aprobado en Consejo de Gobierno. La idea es que entre en vigor el 1 de enero de 2014, pese a que a día de hoy solo contenta al PP. Incluso los ayuntamientos populares se han posicionado en contra y ayer el ministerio demostró que ni siquiera ha aceptado la totalidad de las alegaciones de la FEMP, un organismo controlado por el PP.

En lo que se refiere a la CAV, la futura normativa, que dará un vuelco al actual modelo municipal, podría aplicarse de manera atenuada según manifestó ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Detalló que el nuevo texto "respeta" las peculiaridades que contiene el Estatuto de Gernika respecto a la "tutela financiera" de los ayuntamientos y el "reparto competencia", una salvaguarda que supone "una mejor redacción, claramente satisfactoria" para la CAV, según precisó Beteta. Con todo, no aclaró el alcance y las implicaciones de estas especificidades.

Fuentes de Eudel-Asociación de Municipios Vascos, que desde el principio se posicionó en contra del actual texto, mostraron su "preocupación" por esta indefinición que no clarifica en qué medida las salvaguardas que anunció Beteta librarán a los ayuntamientos vascos de la aplicación de una ley que "vacía de competencias los ayuntamientos". Habrá que ver si en el trámite parlamentario los populares cumplen los términos de una resolución del PNV respaldada por el PP que le comprometió a respetar la singularidad vasca.

El texto presentado ayer mantiene el argumento fundamental de la reforma, que se refiere a que el Estado establecerá un "coste estándar" para cada uno de los servicios que presten los ayuntamientos, un baremo que en el futuro también se aplicará a las comunidades autónomas, según anunció Beteta. Respecto al anunciado recorte salarial a los empleados municipales, matizó que no se bajarán sino que se limitarán con una "horquilla de corte".