EL artículo 376 del Código Penal establece el delito de genocidio, contemplando la pena de treinta a cincuenta años de prisión. Dentro de esos parámetros, los juzgadores hemos optado por imponer la pena de cincuenta años de prisión inconmutables". Cuando la jueza guatemalteca Jazmín Barrios pronunció estas palabras el pasado 10 de mayo, la sala del tribunal que juzgaba a Efraín Ríos Montt estalló en júbilo. La magistrada pidió silencio y continuó: "Optamos por imponer la pena de treinta años de prisión inconmutables por crímenes de guerra". Ochenta años en total para el exgeneral que gobernó Guatemala durante 17 meses entre 1982 y 1983 y bajo cuyo mandato se llevó a cabo una política de exterminio del pueblo ixil guatemalteco. El Tribunal Primero A de Mayor le ha juzgado por un total de 1.771 asesinatos cometidos por las fuerzas del Estado durante ese tiempo, aunque se calcula que los fallecidos podrían alcanzar los 10.000.

Las víctimas de los asesinatos y violaciones sexuales cometidas por los militares han estado 30 años esperando justicia. Durante las casi nueve semanas que ha durado el juicio, sobrevivientes de aquellas masacres han revivido el horror de los años 80 y han relatado con crudeza el ensañamiento de los militares contra su pueblo: aldeas arrasadas, comunidades enteras brutalmente asesinadas, violaciones sistemáticas, robo de alimentos, persecución... "Lo que más ha impactado ha sido el testimonio de las mujeres abusadas sexualmente y de los asesinatos de niños y niñas. Nadie puede negar ya el acto salvaje de los militares hacia mujeres y niños. Este juicio ayudó a que la sociedad, que estaba alejada de esta información, que era indiferente, a escuchar a las víctimas", subraya Carlos Aldana, de la Fundación Rigoberta Menchú. Sin embargo, el juicio también ha reabierto viejas heridas aún no curadas, 17 años después de la firma de los acuerdos de paz. Los rencores de un pasado que arrastra más de 200.000 fallecidos resurgieron en un país que no ha superado la división que marcó la guerra civil de 1960 a 1996. Ríos Montt, el furioso gobernante anticomunista que lanzó una política de "tierra arrasada" en su estrategia militar contrainsurgente, encarna a uno de esos bandos; mientras, las víctimas que han testificado en su juicio, son la otra cara de la moneda.

La comunidad internacional ha aplaudido el proceso judicial contra el exdictador, así como cada uno de los organismos y organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, Ríos Montt cuenta con muchos seguidores y aliados aún en el país.

Tras conocer el fallo, la patronal guatemalteca se pronunció en contra del proceso judicial. "No sabemos qué interés tiene, pero la comunidad internacional presionó para que se condenara al ex jefe del Estado Efraín Ríos Montt", señaló durante una comparecencia Santiago Molina, presidente del Comité de Coordinación de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financiera (Cacif), acompañado del representante de la Asociación de Azucareros y del presidente de la Cámara de Industria. "El fallo abona a la polarización y deja una percepción de que la Justicia ha sido presa del conflicto ideológico", agregó.

El proceso contra Ríos Montt también ha abierto el debate sobre la necesidad de una reconciliación nacional en Guatemala. "En este momento no están dadas las condiciones", estima Carmen Aída Ibarra Morán, directora del Movimiento Pro Justicia de Guatemala. "La polarización y confrontación política no se terminó con la firma de la paz, pero había permanecido en una especie de receso y en los últimos tiempos ha habido varios hechos que han exacerbado esa polarización ideológica, esa confrontación que ahora vive su momento más intenso", explica. Sobre esta cuestión, Aldana apunta que "la conflictividad en este país nunca se resolvió". Sin embargo, el responsable de la Fundación Rigoberta Menchú no cree que el fallo agudice la polarización; "agudiza el malestar de los victimarios, del poder", matiza.

Los riesgos El fallo es histórico por tratarse del primero contra un alto cargo de los regímenes militares de aquella época y entre las organizaciones de derechos humanos guatemaltecas se impuso un entusiasmo inicial, aunque son conscientes de que enfrenta mucha oposición. "Hay riesgos de que esto se revierta, ya hay recursos interpuestos y, por otro lado, hay que tener claro que el Poder Judicial en Guatemala aún no está tan fortalecido como para que nos aguante las presiones de los poderes en este país", apunta Aldana, para quien el poder en Guatemala son "las cámaras privadas". Sobre esta cuestión, Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina, lo tiene claro: "Al Cadif le da miedo que se investigue a empresarios que pusieron sus fincas y financiaron el genocidio". Los abogados de Ríos Montt y los detractores del fallo ya han interpuesto impugnaciones en las salas ordinarias y en la Corte Constitucional que podrían poner en peligro la sentencia. Estos apuntan a supuestos errores en el proceso judicial y denuncian que la sentencia estuvo motivada por la presión internacional. El propio Ríos Montt ya apuntó a esa teoría tras conocer la sentencia, que calificó de "show mediático internacional". Por su parte, los empresarios, en su comparecencia ante la prensa, señalaron: "El Tribunal Primero A de Mayor ha hecho una calificación inadecuada de la figura de genocidio, puesto que no se ha demostrado la intencionalidad específica del Estado por exterminar a un grupo étnico particular".

Dignidad El presidente de Guatemala, el ex general Otto Pérez Molina, se ha mostrado públicamente respetuoso con el fallo, aunque son muchos los que no confían en la sinceridad de las palabras del mandatario, ya que su nombre salió a relucir durante el juicio cuando uno de los supervivientes le ubicó en una de las matanzas llevadas a cabo por el Ejército durante el mandato de Ríos Montt. A pesar del pesimismo de las organizaciones de derechos humanos por que la sentencia se mantenga en el tiempo, para estos, lo más importante de este juicio es el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas. "Si fue genocidio o no lo fue, si hay condena o no, queda en un lugar secundario con el hecho de que la gente supo lo que ocurrió en el país, y ese fue el gran aporte del juicio", valora Aldana. Coincide en el análisis Carmen Aída Ibarra Morán, para quien "lo mejor de este proceso, más allá de la sentencia, es haber puesto sobre la mesa los crímenes de lesa humanidad en el conflicto armado, porque nunca antes como ahora se había hablado de las masacres, de las ejecuciones extrajudiciales, de las torturas, de las desapariciones".