palma. La sección segunda de la Audiencia de Palma acordó ayer dejar sin efecto la citación de la infanta Cristina para declarar en el caso Nóos y suspender su imputación a la espera de que el juez instructor recabe más información sobre su presunta implicación en un delito contra la Hacienda Pública. Con esta decisión, que no fue unánime (uno de los tres jueces de la Sala votó en contra), la Audiencia de Palma, de acuerdo con los criterios de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, salva a la Corona del deshonor histórico de ver cómo uno de sus integrantes se enfrenta a la justicia y da alas a quienes, desde la izquierda, critican los privilegios de la Monarquía.
En un auto de 44 páginas dictado ayer, el tribunal estima en parte el recurso de Anticorrupción e interpreta que, hoy por hoy no hay pruebas suficientes que sustenten la imputación de la hija menor del rey. Lo paradójico es que la Sala no ha decidido lo mismo respecto a Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres (exsocio de Iñaki Urdangarin) quien sí esta imputada en la causa.
una de cal Pese al evidente descrédito que la decisión de la Audiencia supone para la instrucción del juez Castro, los miembros de la sección segunda tratan de quitar hierro al asunto describiendo el "buen trabajo jurisdiccional" del magistrado y calificándolo de "excepcional y exhaustivo". Además, para acabar de maquillar su decisión, recuerdan que la infanta Cristina "sigue siendo investigada" y que si existen nuevas pruebas más concluyentes, la imputación podría retomarse.
A tal efecto, la Audiencia de Palma recomienda al instructor del caso Nóos que reclame a Diego Torres todos los correos electrónicos que aporten información relevante a la investigación. Según el tribunal, Torres está obligado a aportar los correos que pretenda utilizar "pero no a su voluntad y cuando caprichosa e interesadamente le venga en gana".
La Sala añade que una vez examinados, Castro se debe pronunciar "definitivamente sobre el archivo parcial de la investigación.
una de arena Los delitos que se imputan a Urdangarin y Torres son falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias. A la infanta, al igual que a Tejeiro, se le vinculaba a ellos en calidad de cooperante necesaria.
La sala concluye al respecto que de los catorce indicios que apuntó Castro para imputar a la infanta no se extrae "una conclusión fáctica comprensible y concreta de cuál es exactamente la conducta de colaboración principal o secundaria, ni se sabe si ésta fue activa o por omisión". Que fuera vocal del Instituto Nóos y apareciera en un folleto de la entidad es un "mero acompañamiento impune sin transcendencia penal", en opinión de la sala, y las contrataciones con las administraciones públicas se hicieron "al margen de cualquier intervención de la infanta y de la Casa Real".
La sala aprecia indicios de fraude y malversación contra Urdangarin y Torres, pero dice que "no hay indicios vehementes de que la infanta conociera, se concertase, ni participase en el presunto plan criminal urdido por su marido".
