Bilbao. Cuando el proceso judicial por la muerte de Iñigo Cabacas va a encarar su segunda fase, consistente en la delimitación de las posibles imputaciones, los padres del joven fallecido por el impacto de una pelota de goma disparada por la Ertzaintza y sus representantes legales pidieron ayer a los grupos del Parlamento Vasco que actúen para investigar la posible existencia de un "pacto de silencio" entre la Ertzaintza y el Gobierno Vasco que buscaría impedir el esclarecimiento de este asunto.
Durante una comparecencia realizada a petición propia en la Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia, los Cabacas y sus abogadas justificaron esta petición a los partidos en la larga lista de "obstáculos" que han detectado en la fase de instrucción. La letrada Jone Goirizelaia explicó que no se han aportado las grabaciones en vídeo realizadas esa noche, así como los resultados de la inspección ocular que se llevó a cabo posteriormente; no consta el registro del material empleado por los agentes -"¿ha habido algún representante político que decidió que se ocultase?", se preguntó-; se desconoce la aportación de los cinco ertzainas destinados a investigar este caso; y "tampoco sabemos en qué ha devenido el expediente interno". Sobre este último punto, Goirizelaia pidió que se aclare "si es cierto o no que ha existido un pacto de silencio entre los agentes intervinientes, sus compañeros y la consejería para que ese expediente no se lleve a cabo y para que no se dé información o se dificulte la misma".
Durante su intervención, Manuel Cabacas insistió en esta idea afirmando que "no sé si es verdad lo que suena en el ambiente de que hay un pacto de silencio en la Er-tzaintza para que no trascienda". Añadió que dicho acuerdo habría sido asumido por el actual Departamento liderado por Estefanía Beltrán de Heredia. Según él, "se oye que cuando entró la nueva consejera, en una reunión que tuvo con ErNE recibió hasta amenazas de huelga y se plegó porque le dijeron que no olvidara que había un pacto de silencio con el anterior Gobierno y que no les dejara solos".
El portavoz de ErNE Roberto Seijo negó este extremo asegurando que "nunca hemos hablado ni negociado nada con la consejería sobre este tema". En declaraciones a este diario, recordó que la postura del sindicato es pedir celeridad a la justicia para que este caso "se aclare cuanto antes, lo necesitan los padres y la propia Ertzaintza. Esta tardanza está haciendo un daño tremendo, no pueden quedar dudas a futuro sobre su actuación y hay que saber lo que pasó realmente".
"Pacto de olvido" En el transcurso de la comisión, el portavoz del PNV Iñigo Iturrate dijo que "no vamos a contribuir a ningún manto de silencio, a ningún pacto de olvido. Se exigirán responsabilidades en toda su extensión". Jone Goirizelaia finalizó su intervención solicitando la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre el caso Cabacas, guante que fue recogido de inmediato por EH Bildu, que anunció la presentación de una proposición no de ley con este fin y pidió el apoyo del resto de grupos a esta iniciativa.
"A mi hijo lo mataron a cinco metros, estaba de espaldas protegiendo
a una chavalita"
Josefina Liceranzu
Madre de Iñigo Cabacas
La AN prohíbe el Bizkargi Eguna
La Audiencia Nacional ha prohibido el tradicional homenaje a los gudaris que murieron en el monte Bizkargi durante la Guerra Civil, denominado Bizkargi Eguna, que estaba previsto que se celebrara hoy y mañana en el propio monte y en la localidad de Larrabetzu con el lema Hemos nacido para la lucha En un auto judicial remitido ayer al Departamento de Seguridad, el juzgado insta a la Ertzaintza a adoptar "cuantas medidas sean necesarias" para impedir que tenga lugar. Los carteles que anunciaban este evento estaban firmados por Ernai, organización juvenil de la izquierda abertzale. Este homenaje ya fue prohibido en 2011 por el juez Eloy Velasco, al considerar que iba a servir para enaltecer a los militantes de ETA fallecidos. Por otro lado, la Policía vasca detuvo ayer en Sondika a Eider Zuriarrain Mendiguren, que tenía una orden de ingreso en prisión emitida por la Audiencia Nacional para cumplir condena por colaboración con ETA. Zuriarrain, de 33 años y natural de Bilbao, fue condenada el mes pasado a siete años y seis meses de prisión por este delito.
