MADRID. El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha encargado a Javier Arenas que reconduzca el malestar que ha creado en las filas del partido el proyecto de reforma de la administración local y que busque consensos. La iniciativa que el Gobierno prevé aprobar en junio, con mucho retraso sobre el cronograma previsto, cuenta con el rechazo frontal de muchos líderes populares de ámbito local y regional, ya que se prevé que la nueva normativa recorte las atribuciones de los municipios de manera más que sustancial.
Fuentes populares explican que el equipo del vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP ha recorrido una treintena de provincias en los últimos meses para reunirse con los dirigentes autonómicos y territoriales, alcaldes y concejales y debatir con ellos a fondo la iniciativa.
Hacienda ha recibido y estudia docenas de alegaciones presentadas por las administraciones y organismos afectados por la reforma -entre ellos los gobiernos de la CAV y Nafarroa, que alegan que es impracticable porque no tiene en cuenta las especificidades forales de estos territorios- y ha mantenido reuniones técnicas con buena parte de ellos.
La iniciativa pasará a principios de mayo por la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en la que Hacienda trabaja junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y una vez incluidas todas las aportaciones, el texto se enviará al Consejo de Estado. Las mismas fuentes han asegurado que se confía en que este organismo ofrezca directrices claras sobre cómo aplicar la reforma. Una vez transcurridos todos estos trámites el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto y posterior proyecto de ley, que antes de verano podría ser remitido al Congreso para su debate en el próximo periodo de sesiones, a partir de septiembre. Las fuentes populares consultadas dan por imposible el acuerdo con el PSOE, que, según dice, dirá no en cualquier caso al proyecto por una cuestión interna. Los socialistas llevan semanas reclamando al Gobierno que retire el borrador que ha presentado y empiece a negociar desde el principio si de verdad busca el consenso, pero el Ejecutivo está dispuesto a aprobar esta reforma sin el PSOE, aseguran desde el PP. El PSOE ha anunciado que si se aprueba con la actual redacción, llevará la ley al Tribunal Constitucional.