Bilbao. El Departamento de Seguridad apartará de su puesto de trabajo a seis ertzainas implicados en el caso de Iñigo Cabacas, que falleció tras una carga con disparos de pelotas de goma en Bilbao. Esta medida, que se adopta un año después del trágico suceso, con la investigación interna paralizada y el proceso judicial en una fase aún muy incipiente, persigue según fuentes consultadas proteger a dichos agentes y a la misma institución policial, tras la filtración de parte de las comunicaciones de los ertzainas que participaron en el operativo. Por otro lado, supone un cambio de postura de la consejería de cara al exterior, ya que asume una actitud más activa en un caso que "lleva muchos meses en sede judicial antes de que llegara este gobierno", recordó un portavoz del departamento que dirige Estefanía Beltrán de Heredia.

Los agentes afectados son dos oficiales y cuatro ertzainas de la escala básica, todos ellos de Seguridad Ciudadana y destinados en Bilbao. Los dos oficiales protagonizaban la conversación clave de las comunicaciones que desveló el diario Gara el pasado lunes. Inmersos en las actuaciones que sucedieron al partido disputado entre el Athletic y el Schalke 04, mientras uno insistía a pie de calle en que "la situación está controlada" en el entorno de la herriko de María Díaz de Haro, el otro ordenaba desde la comisaría de Deusto: "entren al callejón con todo lo que tenemos (...) y entonces estará la situación controlada", con el resultado conocido.

Según diversas fuentes consultadas, los otros cuatro agentes a los que se apartará de su puesto son aquellos que, a lo largo del proceso seguido desde aquella noche, han reconocido que dispararon pelotas de goma en el callejón, una de las cuales impactó fatalmente en Iñigo Cabacas. Esta "medida organizativa", tal y como la definió un portavoz de Seguridad, será llevada a cabo a través de comisiones de servicio forzosas, es decir, no tendrán que ver con ningún expediente sancionador, y se espera que "duren lo menos posible", hasta que se produzca una "resolución judicial" sobre el caso. Las fuentes consultadas insistieron en la necesidad de que "el proceso acabe cuanto antes y la jueza dicte las imputaciones que estime para que nosotros podamos hacer lo que corresponda".

La propia decisión de apartar a estos seis agentes de sus "funciones operativas habituales" persigue "evitar distorsiones" en la fase de instrucción en curso tras la "situación excepcional" que supuso la difusión de las conversaciones internas de los agentes. Una "filtración descontextualizada que nos ha obligado a valorar los riesgos y a estudiar qué se podía hacer desde el punto de vista jurídico", añadían desde Seguridad a este periódico. "Desde el momento en que la gente identifica las voces de los agentes, se produce una repercusión negativa en la organización de la Er-tzaintza, por lo que había que adoptar una decisión", concluían.

Reunión en Erandio El viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, y el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, citaron ayer a los seis ertzainas en la macrocomisaría de Erandio para comunicarles su traslado. Poco después hicieron lo propio con todos los sindicatos de la Ertzaintza en una reunión que no estuvo exenta de cierta polémica por el hecho de que, de forma simultánea, se comunicara esta decisión a los medios de comunicación a través de una nota de prensa.

Fuentes presentes en dicho encuentro aseguraron que una de las razones de estas comisiones de servicio forzosas es proteger a los agentes ante la posibilidad de que sus identidades salgan a la luz pública. "La filtración que hemos sufrido es el principio de más filtraciones", vinieron a decir los responsables de Seguridad, según estas fuentes. Al parecer, también reclamaron a los presentes "remar todos en la misma dirección" por el bien de la institución, y desvelaron que la juez instructora ha decidido "no tomar cartas en el asunto" de las filtraciones. El sindicato ESAN emitió por la tarde un comunicado en el que expresaba su "total apoyo" a los er-tzainas afectados y aseguraba que "no vamos a permitir que, en contra de su voluntad, sean asignados forzosamente a realizar sus funciones laborales a otros destinos". Agregaba que estos agentes "no están imputados ni sancionados para realizar esta actuación caciquil e impositiva. No entendemos que, un año después de los graves y tristes incidentes, se mueva a los ertzainas de sus destinos. Lo único que se hace es poner en el disparadero a seis ertzainas en concreto y a todo el Cuerpo en general".

Un portavoz de Euspel expresó su "sorpresa" ante esta medida y lamentó la "politización" que está sufriendo este caso, que "se está utilizando para atacar a la institución de la Er-tzaintza". Emplazaba además al departamento a "ser más valiente y decir las cosas claras, que se está realizando un juicio paralelo".

"Juicios mediáticos" El primer ejemplo del golpe de timón protagonizado por el Departamento de Seguridad puede situarse en la entrevista que Iñigo Urkullu concedió el pasado miércoles a ETB-1. Tras la polémica suscitada por la referencia de Gervasio Gabirondo a la muerte de Cabacas como un "accidente" -valoración que fue compartida posteriormente por la consejera-, el lehendakari elevó un poco más el listón en su intervención televisiva y habló de "error irreparable". Una definición que fue asumida por la consejería en la nota difundida para comunicar el traslado de los seis ertzainas, en la que afirmó que "el error irreparable de la muerte de Iñigo Cabacas ha provocado que la Ertzaintza revise protocolos de actuación, sustituya medios materiales y rediseñe actividades formativas".

Tras señalar que el departamento "jamás participará en juicios mediáticos paralelos a la investigación judicial", la nota aseguraba que "la revelación pública de una parte de las grabaciones amparadas por el secreto de las actuaciones condiciona el trabajo ordinario de los funcionarios públicos afectados". Por este motivo, el mismo día que la Ertzaintza resolvió una complicada situación con una actuación absolutamente pulcra en el Boulevard de Donostia -donde detuvo a seis miembros de Segi que llevaban días arropados por centenares de personas-, la consejería de Seguridad anunciaba su decisión de "desvincular a seis ertzainas de sus funciones en comisaría". Insistía además en que "solo a la juez que investiga los hechos (...) le corresponde establecer el relato de hechos probados y, en su caso, establecer las posibles imputaciones y responsabilidades correspondientes".