iruñea. Enrique Maya, alcalde de Iruñea desde 2011 y dos veces reprobado por el pleno municipal, asumió ayer el dudoso honor de ser el primer regidor de la capital navarra que declara en calidad de imputado por haber percibido dinero de dudoso encaje legal. Así se lo hizo saber la magistrada que instruye el caso, que le informó de que su imputación se debe "a la percepción de cantidades (dietas) como consecuencia de su asistencia a la Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) de Caja Navarra que según la documentación carecían de contenido alguno".

Pasadas las 9 de la mañana, el alcalde entraba por la puerta principal del Palacio de Justicia increpado por manifestantes que le esperaban su llegada. Su declaración judicial apenas aportó novedades, más allá de confirmar el funcionamiento del polémico órgano de Can, cuyas reuniones se convocaban por teléfono, sin orden día y con información aportada en el mismo momento que su miembros nunca cuestionaban, de lo que se desprende que el trabajo en la Permanente no requería trabajo previo ni posterior.

Tampoco hubo contradicciones con lo expuesto por Sanz el pasado viernes, hasta el punto de que ambas declaraciones parecieron coordinadas. Maya tampoco aclaró quién ideó el sistema de dietas, cuándo y quién mostró alguna discrepancia con la información aportada por Caja Navarra, quién convocaba las reuniones ni por qué Sanz continuó tras las elecciones. "Nos preguntaron qué nos parecía que estuviera él, y a todos nos pareció bien", explicó ante la juez, a quien dijo no saber en calidad de qué participaba el expresidente, pero que aseguró que "no hubo ninguna advertencia" sobre su presencia. Aseguró además que nunca recibió el orden del día y que era sobre la marcha.