El expresidente echa balones fuera y reparte culpas entre Barcina y el secretario de la CAN

Una de las que se quedó sin respuesta por parte del imputado fue la que se interesaba por conocer los motivos por los que Yolanda Barcina acudió el 30 de junio de 2011 a una de las ocho reuniones dobles que celebró la Permanente de CAN, pese a que en aquel momento no ostentaba cargo público alguno. Barcina, que había cedido la alcaldía de Iruñea a Enrique Maya el 11 de junio y no tomó posesión como presidenta del Gobierno de Nafarroa hasta el 1 de julio, se dio de alta estos 19 días en la UPNA (Universidad Pública de Navarra), de donde también cobró pese a no aparecer en ningún momento por el centro académico.

De la Permanente sí respondió Sanz a las cuestiones que le plantearon la juez y el fiscal. Y lo hizo para no asumir ninguna culpa, ni del funcionamiento ni de la forma en la que se gestó este órgano opaco, y para apuntar directamente al secretario general de la entidad, Alberto Pascual, y a Barcina, a la hora de repartir responsabilidades.

Durante su declaración ante la juez, el expresidente del Ejecutivo foral reconoció que era él quien se encargaba de convocar las sesiones de la Permanente y de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF), que generalmente eran sesiones dobles y triples, con la excepción de las dos últimas de la Permanente, cuya citación apuntó en el debe de Barcina, pero siguiendo las indicaciones del secretario general de CAN.

"LLAMABA EL SECRETARIO" En concreto, explicó que para fijar los días en que iba a haber reunión "se siguió el procedimiento habitual de que el secretario le llamaba para decirle que tocaba celebrarla". A preguntas del fiscal, Sanz admitió que la Permanente se estrenó en agosto de 2010 con la primera reunión doble, separada con un intervalo de media hora, porque el secretario le dijo que había "asuntos para reportar".

Además, interrogado por quién daba la orden para el pago de las dietas, o cómo se determinaba el derecho a su percepción, manifestó que "era el secretario quien informaba de que se habían celebrado las sesiones" y que desconoce "quién daba las órdenes de transferir las cantidades".

En la misma línea argumental de echar balones fuera, Sanz declaró, en esta ocasión cuestionado por el fiscal, que Pascual no le advirtió de que se estuviera cometiendo alguna irregularidad en la Permanente. Aseguró que de haberlo hecho "no se hubiera actuado así" y reveló que la Comisión de Control tampoco observó "falta de cobertura" legal en este órgano.

Sanz, que participó en las dos últimas reuniones dobles de la Permanente sin desempeñar cargo público, dijo que continuó en esta comisión invitado por Barcina, que valoró su "conocimiento de la entidad". El expresidente declaró que Roberto Jiménez y Samuel Caro, los dos miembros del PSN, conocían la existencia de la Permanente, pese a que este detalle no figura en el resumen que facilitó la juez.

A diferencia de Barcina y del exconsejero de Economía Álvaro Miranda, Sanz manifestó que "nunca" consideró que las dietas de la Caja "fueran parte de su sueldo", garantizó que "jamás" cobró sin retención, ni tuvo que hacer una declaración complementaria por los 89.739 euros que cobró en dietas.

Banco de España Buena parte del interrogatorio al que fue sometido Miguel Sanz se centró en conocer los motivos por los que el Gobierno foral no inspeccionó a Caja Navarra, pese a que tanto la ley como los propios estatutos de la entidad financiera atribuyen esta función al Ejecutivo que el imputado presidió entre 1996 y 2011.

Preguntado por esta cuestión de enorme importancia a la hora de valorar las decisiones tomadas en la Caja, Sanz se defendió con el argumento de que "la mención que se hace en todos los estatutos a la inspección es una cláusula de estilo que se ha ido trasladando de unos a otros pero que no tiene contenido". Y añadió que cree que se ha conservado dicha cláusula "por mantener el carácter aforado" de Caja Navarra. En su opinión, "el Gobierno de Navarra no tenía que hacer la inspección" de CAN, sino que era el Banco de España el que la hacía y la comunicaba el Ejecutivo foral.

En lo que fue una declaración un tanto contradictoria, Sanz reconoció que no se delegó esta tarea en el Banco de España, "sino que más bien se le autorizaba". Dijo saber que este organismo hacía trimestralmente informes sobre la entidad, "aunque no se daba traslado de su contenido al Gobierno de Navarra", precisó. También manifestó que cree que el Gobierno de Navarra "hacía las inspecciones en colaboración con el Banco de España" y que tampoco tuvo conocimiento de que el órgano regulador "requiriera al Gobierno de Navarra para hacer las inspecciones ordinarias".

También se interesó por este asunto la fiscal, de la que Sanz trató de escaparse con evasivas. Más allá de subrayar que "el Banco de España siempre ha sido muy respetuoso con el carácter aforado", dijo no saber si "daba cuenta" al consejero de Economía de sus informes, ni si se los mandaba para que los verificara.