madrid. El PP ha vuelto a fallar en su estrategia de la negación de los papeles de Bárcenas que revelarían una contabilidad B en la formación. Según publicó ayer El País, los apuntes sobre donativos de empresas recogidos en la contabilidad interna del PP, que ha remitido el partido a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía Anticorrupción, coinciden en fecha e importe con las anotaciones de su extesorero.
Esas aportaciones privadas al PP entre 1990 y 2008, todas menos una, coincidentes con la contabilidad manuscrita, incumplían la ley de financiación de partidos, bien al superar el límite máximo previsto para un solo donante (60.000 euros) o bien al haber sido realizadas por personas físicas o jurídicas que lo tenían prohibido al tener contratos con alguna Administración Pública.
Esos documentos también fueron objeto de atención para el diario ABC, aunque en sentido contrario, ya que mientras El País sostenía que esas coincidencias prueban la consistencia y veracidad de los documentos que publicó el 31 de enero, ABC llevó a su portada un documento en el que explicaba cómo el exdiputado Jorge Trias fue quien filtró "las fotocopias de Bárcenas" y que, según este diario, prueba "su precario e improvisado origen".
Con el título "Así se filtraron (e improvisaron) las 'cuentas secretas' del extesorero", ABC dio cuenta de un documento que atribuye a Trías en el que éste narra en primera persona y con varias anécdotas personales cómo Luis Bárcenas le enseñó esos documentos en 2010 e hizo algunas fotocopias y cómo decidió filtrarlos en enero pasado a un abogado de El País.
retirada del pasaporte Por otro lado, la sección cuarta de la Audiencia Nacional confirmó ayer la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte a Bárcenas dictadas por el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ya que corrobora que existe riesgo de fuga por el elevado patrimonio que tiene fuera del país.
Bárcenas recurrió a la sala las medidas cautelares dictadas por el juez el pasado 25 de febrero, tras tomarle declaración, de prohibir su salida del territorio nacional sin autorización judicial, retirarle del pasaporte y obligarle a comparecer cada quince días en la Audiencia Nacional.
