madrid. La Abogacía del Estado, personada en el caso Nóos, se adhirió ayer al recurso de apelación recientemente interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra la imputación de la Infanta Cristina, apoyando de este modo los argumentos esgrimidos por el Ministerio Público, según confirmaron fuentes de la investigación.
El Estado se pronunció de este modo después de que el juez instructor, José Castro, diese traslado a las partes de la impugnación del fiscal Pedro Horrach, quien descarta que la hija del Rey Don Juan Carlos ejerciera una "influencia delictiva" sobre las Administraciones públicas que contrataron con el Instituto Nóos cuando estaba presidido por su marido, Iñaki Urdangarin.
En su recurso, que será tramitado por la Audiencia Provincial de Baleares, órgano al que le corresponderá dirimir si la hija del Rey Don Juan Carlos debe comparecer finalmente en calidad de imputada, incidía en que si los responsables políticos "supuestamente influenciados" desconocían que la Infanta fuera vocal en Nóos y no trataron o gestionaron de algún modo con ella temas vinculados a esta entidad, "¿cómo puede ejercer aquélla una influencia delictiva?".
Por su parte, el Fiscal Superior de Baleares, Bartomeu Barceló, aseguró ayer que no se ha producido ningún tipo de presión en relación a la imputación de la Infanta Cristina en el marco del caso Nóos, remarcando que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach recurrió el encausamiento de la hija del Rey Don Juan Carlos "convencido de que así tenía que ser, y así lo hizo".
En declaraciones a los medios tras la jura o promesa de los nuevos jueces procedentes de la Escuela Judicial, Barceló recalcó que en cualquier caso las "presiones" que pesan sobre este asunto son "ambientales", lo que, ha añadido, "evidentemente" suele suceder en asuntos "complejos y de trascendencia". "Pero no hay nadie que diga: hay que acusar o no".
En cuanto a las discrepancias jurídicas entre Horrach y el juez instructor de la causa, José Castro, respecto al papel de la mujer de Iñaki Urdangarin en los hechos investigados, el Fiscal Superior ha subrayado que ésta "es la grandeza del Estado de Derecho", ya que "si no las hubiera, no serviría de nada que hubiera un juez con sus propias funciones y un fiscal con las suyas".
En lo que a la actuación del magistrado se refiere, la recalcado que éste "tiene que ser respetado ya que, si no, nos cargaríamos el Estado de Derecho", incidiendo en la misma línea en que las decisiones adoptadas por los jueces "deben respetarse, gusten o no". En cualquier caso, ha apuntado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) contempla "los correspondientes recursos" contra las decisiones con las que se esté disconforme.
