MADRID. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha mostrado hoy su acuerdo con la posición del Tribunal Constitucional y de las víctimas sobre la "Doctrina Parot", que obliga a descontar los beneficios penitenciarios del total de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo.
Becerril ha remitido una carta al Comisario Europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, en la que le muestra su preocupación por la próxima decisión de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que puede llegar a eliminar la "Doctrina Parot".
La Defensora del Pueblo considera que se trata de una decisión de "extraordinaria importancia" para España y particularmente para las víctimas del terrorismo y de otros crímenes, "cuyo dolor y preocupación comparte totalmente".
Considera que la forma en la que el Tribunal Constitucional español interpreta la Doctrina Parot "tiene en cuenta a las muchas víctimas que han sufrido daños y pérdidas irreparables y no es contraria a los derechos humanos".
Por ello, cree necesario aunar esfuerzos para reconciliar la interpretación de los derechos humanos con el profundo anhelo de justicia de la inmensa mayoría los españoles.
Soledad Becerril subraya que hace estas observaciones desde el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad, pero teniendo muy en cuenta la necesidad de reparación de las víctimas de "gravísimos delitos que han destrozado familias y además, en el caso del terrorismo, tratado de condicionar la sociedad democrática".
A mediados de esta semana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) podría decidir poner fin a la doctrina Parot, lo que supondría la puesta en libertad de 54 etarras.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo conocida como doctrina Parot -toma su nombre del etarra Henri Parot- obliga a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años de prisión, lo que supone un alargamiento de la estancia en la cárcel.
