BILBAO. El Gobierno Vasco considera que el anteproyecto de ley de reforma local que prepara el Ejecutivo español supone una injerencia en el principio de autonomía local y obvia la singularidad del sistema foral vasco. Son parte de las alegaciones entregadas por el gabinete de Iñigo Urkullu, las tres diputaciones forales y la Asociación de Municipios de la CAV (Eudel) al gobierno del PP, al que pide que reconsidere esta iniciativa y que no aplique la reforma de la administración local en Euskadi.

El escrito de 23 folios con las valoraciones del Ejecutivo de Gasteiz enviado a Madrid recoge su interpretación del anteproyecto de ley sobre sostenibilidad y racionalización de la administración local que el Gobierno de Rajoy prevé poner en marcha y que, a día de hoy, está en puertas de entrar en el trámite parlamentario. Lakua tacha la propuesta de "desproporcionada e injustificada", además de invasiva en lo referente al principio de autonomía local consolidado incluso en el marco europeo a lo largo de las últimas décadas.

Añade en su alegato que no tiene en cuenta la singularidad del sistema foral de régimen local en Euskadi, derivada de sus derechos históricos. Y suma una razón más a su protesta ya que aduce que, además de recentralizadora, pretende hacer tábula rasa de todos los ayuntamientos al igualar a todas las instituciones municipales en cuanto a su situación económica.

Así, no hace distingos entre las administraciones locales que históricamente han gestionado con solvencia y eficacia, como ocurre con la mayorías de las vascas, y las que no lo han hecho bien y acumulan deudas como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, con una deuda viva de 6.348 millones de euros a diciembre de 2012. En este sentido, el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, señaló ayer que, por lo general, los consistorios de la CAV "presentan una situación saneada y de equilibrio presupuestario y, en los escasos supuestos excepcionales en los que se hallan sufriendo dificultades económicas, están siendo ya sometidos al control económico-financiero de las diputaciones forales". Con el pretexto de garantizar la eficiencia y el saneamiento financiero de las instituciones locales, el PP busca adelgazar las competencias de los consistorios, controlar sus cuentas y disolver e intervenir cualquier ente municipal que no cumpla las estrictas medidas que marque el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas, es decir, las sitúa bajo la bota del ministro Cristóbal Montoro.

Con ello pretende ahorrar más de 7.000 millones de euros en dos años, a través de la eliminación de lo que considera duplicidades y las competencias impropias que prestan los municipios, esto es, aquellas que estando atribuidas a otras administraciones son asumidas por los ayuntamientos.

El texto remitido al Gobierno español sostiene que la reforma local pretende "modificar el mapa municipal", lo que podría en peligro la existencia misma de algunos ayuntamientos, mancomunidades de servicios comarcales, cuadrillas y concejos. La medida tendrá, si no cambia el texto, mayor impacto sobre los ayuntamientos de menor tamaño. Así, por ejemplo, a los municipios de menos de 20.000 habitantes se les retirarán competencias como la prestación de servicios sociales. El anteproyecto está en fase de alegaciones a las comunidades autónomas, asociaciones de municipios y otras entidades. Posteriormente entrará en las Cortes -el PP tiene mayoría absoluta en el Congreso y el Senado-, donde hará su recorrido parlamentario, por lo que cabría alguna modificación. El Gobierno vasco insta al español a que reconsidere el texto actual y, en el caso de que no lo haga, le pide que incluya una disposición adicional "que conlleve la no aplicación de las medidas previstas en el anteproyecto en el ámbito de la CAV". Aduce para ello la singularidad propia del sistema foral vasco que dota de un sistema diferenciado de financiación a los municipios, en base al Estatuto de Gernika y al Concierto económico vasco. Esta singularidad se traduce en capacidad para regular en materia de estabilidad presupuestaria, capacidad retributiva de alcaldes, concejales y personal al servicio de los ayuntamientos, ámbito de competencias de los consistorios y capacidad de organización y funcionamiento de los ayuntamientos.