madrid. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha admitido a trámite la querella presentada por Izquierda Unida (IU) por la supuesta contabilidad B del PP y ha citado a declarar entre el 25 y el 27 de marzo a los extesoreros populares Luis Bárcenas y Alvaro Lapuerta y a diez supuestos donantes del PP. Se trata de todas las personas contra las que se dirigía la acción penal salvo los exdirigentes populares Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo al considerar "prematuro" darles la condición de imputados y "solo distorsionaría la instrucción, sin perjuicio, claro está de lo que resulte del curso de esta".
Esta decisión abre una guerra interna dentro de la Audiencia Nacional entre el juez Gómez Bermúdez y el instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, ya que este último había decidido la semana pasada unificar la causa de los papeles de Bárcenas con la trama que lideró Francisco Correa. Pese a eso Gómez Bermúdez, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, ha decidido seguir adelante con la denuncia de IU. Y eso que el pasado viernes Anticorrupción pidió su inhibición a favor del juez Ruz, una vez que este abrió una pieza separada del sumario Gürtel para investigar estos hechos. En su auto, Gómez Bermúdez argumenta que el informe del Ministerio Público "no es preceptivo y tampoco vinculante".
Según fuentes jurídicas, el conflicto abierto entre los dos instructores para investigar los mismos hechos debería ser resuelto por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano superior a ambos.
empresarios Los querellados son básicamente empresarios que habrían dado comisiones irregulares para financiar al PP. Entre ellos está el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, expresidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; y Luis de Rivero, expresidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros.
Asimismo también han sido querellados Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros; y el presunto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo.
El juez también pide "urgentemente" al Ministerio Público que le remita "la integridad de la diligencias que haya practicado" y solicita al juez Ruz que le traslade los autos en los que rechazaba investigar la supuesta contabilidad B porque la Fiscalía Anticorrupción ya había abierto diligencias, así como el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) en el que se advertía de la existencia de tres vínculos entre los papeles de Bárcenas y Gürtel.
cuentas Gómez Bermúdez ordena a los empresarios contra los que se dirige la querella que "en el improrrogable plazo de siete días aporten copia o relación de los ingresos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002 y 2009 por administraciones gobernadas por el Partido Popular". También requiere al PP para que en ese mismo plazo aporte copia o relación de los ingresos que por el concepto "donaciones" ha recibido entre 2002 y 2009 de los empresarios citados.
La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, se dirige contra estos empresarios y contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Alvaro Lapuerta, "y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP entre los años 2003 y 2008".
