vitoria. El Parlamento Vasco recibirá antes de que concluya en julio su actual periodo de sesiones el borrador del Plan de Paz y Convivencia con el que el secretario general de este área dependiente del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, pretende lograr un espacio de "encuentro social" entre la ciudadanía vasca que avance en la nueva etapa ajena a la violencia y que, para empezar, reconozca a todas las víctimas.
El exresponsable de Elkarri desgranó ayer los mimbres de esta iniciativa en la comparecencia parlamentaria que a petición propia protagonizó frente las diferentes sensibilidades que pueblan las bancadas del Legislativo. La consigna de Fernández era clara, en consonancia con la elección de los pilares que propone para llevar a buen puerto la misión que le ha encargado el lehendakari, Iñigo Urkullu. El secretario general de Paz y Convivencia apostó por la sintonía en sus diferentes grados como eje fundamental sobre el que deben girar los demás movimientos para alcanzar el éxito. "Destacaría los puntos en común, que siempre se pueden encontrar", afirmó a modo de ejemplo ante las críticas de UPyD a su discurso.
Y en este farragoso terreno expuso su teoría de los "microacuerdos", pequeños fragmentos acumulativos y progresivos con los que piensa construir un consenso sólido. También como ejemplo para comprender mejor sus pretensiones, alabó el "microacuerdo" alcanzado hace dos semanas entre las fuerzas parlamentarias que permitió a EH Bildu participar junto a los demás grupos en un acto de homenaje al dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Buesa.
Es la primera piedra de este ambicioso coloso que Fernández pretende construir basándose en puntos clave como el rechazo frontal a mezclar o equiparar víctimas de la violencia, o excluir a alguna de ellas.
Con este objetivo, avanzó que la Secretaría que encabeza asumirá poner fin al trabajo iniciado la pasada legislatura para completar el decreto que ampara a las víctimas de motivación política de 1978 en adelante -el anterior recogía los casos desde 1960 hasta esa fecha-, así como un informe en el que constarán los cerca de 850 asesinatos de ETA y las 175 víctimas mortales de acciones policiales y otros abusos.
En esta estrategia, la política penitenciaria y sus consecuencias ocuparán un importante lugar, como ya dejó entrever ayer Fernández en su posicionamiento contrario a la dispersión de los presos y la petición de soluciones humanitarias ante los reclusos enfermos de la organización terrorista.
También sobrevoló entre los miembros de la Comisión de Derechos Humanos el recuerdo a Arnaldo Otegi, al que el secretario general de Paz y Convivencia no mencionó explícitamente, pero que estuvo muy presente cuando Fernández propuso medidas "de sentido común" para aquellos presos cuyas condenas están relacionadas con actividades políticas antes ilegalizadas pero ahora "desarrolladas de un modo normalizado y legal".
Sin "vencedores ni vencidos, pero sí con violencias vencidas", el escenario sobre el que trabajará Fernández junto a la directora de Derechos Humanos, Monika Hernando, y el coordinador en la atención de víctimas, Txema Urkijo, ambos presentes en la comisión, conjuga el análisis del pasado, presente y futuro con la máxima de "todos los derechos humanos para todas la personas" a modo de mantra.
"La realidad ha cambiado, y ha cambiado a mejor. Tiene además por delante un amplio margen de mejora", concluyó el secretario general de Paz y Convivencia.
