Vitoria. La proliferación de políticos corruptos tiene un creciente reflejo en el marco normativo del que las instituciones vascas no quieren descolgarse con el objetivo de reforzar el control de la Administración sobre estos cargos. En este contexto, el Gabinete de Iñigo Urkullu sentó las bases sobre las que se sustentará un código de buen gobierno que fundamentará el cerco al que estarán sujetos los miembros del Gobierno Vasco, una iniciativa que será aprobada y trasladada al Legislativo en el plazo aproximado de un mes; mientras que ayer llegó el turno del Parlamento autonómico, que tras un acuerdo unánime iniciará la tramitación de un código ético.
La iniciativa no es nueva, como demuestra que el texto en el que se basa la propuesta que los socialistas llevaron ayer al Pleno reside en trabajos que se desarrollaron durante la época del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe, pero en aquella ocasión el fin de la legislatura impidió su tramitación. Idéntico argumento empleó ayer el PSE para justificar que sea ahora, en la nueva era liderada por el PNV, cuando eleven la propuesta de ley a la Cámara vasca y no durante los tres años y medio que Patxi López encabezó el Ejecutivo autonómico.
Así las cosas, el enfrentamiento verbal que mantuvieron la exconsejera de Función Pública, Idoia Mendia, y la portavoz jeltzale en este asunto, Ana Otadui, desveló los escollos que el texto deberá lidiar a partir de ahora para conseguir culminar con éxito el ajustado sendero que le llevará a convertirse en ley. En este contexto, la dirigente jeltzale avanzó que su partido añadirá durante la tramitación las enmiendas pertinentes para que la nueva norma se haga extensiva a los cargos de la anterior legislatura, de forma que se pueda "borrar cualquier sombra de duda de si se les ha querido librar de los controles" presentando la citada propuesta tras el desalojo de López de Ajuria Enea. No fueron éstas las únicas críticas que recibió Mendia, pese al respaldo unánime de su propuesta, ya que tanto desde el PNV como del PP afearon que el PSE presentara como propia una iniciativa que años antes se gestionó con fondos públicos con cargo a la ciudadanía vasca.
En caso de que el código ético vea la luz, su puesta en práctica permitirá actualizar las normas actuales -sujetas a una ley de hace más de tres décadas- y obligará a los cargos públicos, entre otras medidas, a presentar una declaración de bienes y actividades de los dos años anteriores a su nombramiento y de los dos posteriores a su cese. Hoy en día este requisito se limita a la entrada y salida de cargos públicos sujetos al régimen institucional, como sucede en el Parlamento autonómico.
Asimismo, el código llevará aparejado una batería de sanciones entre las que figura la destitución del cargo que no ajuste su comportamiento a las reglas establecidas, además de la retirada de cantidades económicas que le correspondieran por el desarrollo de sus funciones o, incluso, la obligación de restituir cantidades que hubiera recibido de forma en el ejercicio de sus funciones.
PP y UPyD transmitieron al PSE su deseo de que esta norma se compatibilice con la Ley de Transparencia que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto sacar adelante durante la presente legislatura con idéntico objetivo.
