madrid. El PP cerró ayer un acuerdo anticorrupción en el marco del Debate sobre el estado de la Nación que abre la puerta a que la futura Ley de Transparencia afecte a la Casa del Rey, como "institución" financiada con dinero público. Según anunció el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, este acuerdo lleva la firma de PP, CiU, UPyD, Coalición Canaria y UPN y recabó el apoyo del PNV. Por su parte, el PSOE se abstuvo e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA)votó en contra.
En concreto, lo que ayer se sometió a votación fue la enmienda que CiU presentó a las iniciativas sobre corrupción y transparencia planteadas por PP, PSOE, UPyD y UPN. Aunque el texto de CiU no menciona expresamente a la Jefatura del Estado, su portavoz adjunto Pere Macias, sí dejó claro durante su intervención en el Congreso que Convergencia, como partido proponente, interpreta "claramente que esa mención a las instituciones es aplicable a la Casa del Rey".
La iniciativa que recibió ayer el aval del Congreso establece que el pacto debe incluir cuantas medidas sean precisas para que "los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones". Entre otras cosas, se cita la elaboración de un "pacto ético" entre los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los encausados.
También incorpora, como defendía el PSOE, la creación de una comisión independiente formada por personas de amplio reconocimiento y prestigio social que elabore un informe para su remisión al Parlamento sobre la regeneración democrática.
La propuesta de resolución aprobada ayer emplaza al Gobierno a aprobar seis proyectos de ley en esta materia, cuatro de ellos ya propuestos por el presidente, Mariano Rajoy, la semana pasada en el hemiciclo. En concreto se alude a la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, a la Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas ( incluido el futuro Estatuto del Cargo Público, pero sólo con aplicación al personal del Estado, no al autonómico), la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público (para fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todos los condenados por corrupción) y, finalmente la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, de la del Poder Judicial, para clarificar la competencia de los Tribunales y agilizar la investigación de los casos de corrupción.
'lobbies' Por otra parte, las comisiones parlamentarias correspondientes deberán estudiar la regulación de las organizaciones de intereses o lobbies, nuevas medidas contra el transfuguismo político, posibles reformas para facilitar el "impulso y tramitación" de las iniciativas legislativas populares, y la "inmediata" puesta en marcha de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. También habrá de estudiarse cómo trasladar a los diputados y senadores las normas de transparencia que se incluyan en el futuro Estatuto de Cargo Público y establecer un "procedimiento concreto de publicidad de las declaraciones tributarias".
