MADRID. El Consejo de Ministros del Gobierno Rajoy dio ayer luz verde al informe del anteproyecto de la reforma de la Administración Local, cuyo texto fue remitido al Consejo de Estado como paso previo a su posterior envío a las Cortes Generales. De entrada, el anteproyecto, cuya letra pequeña no ha sido desvelada, no cuenta con el respaldo de PNV y EH Bildu, ha sido recibido con preocupación por parte de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel).

Los temores de los agentes políticos e institucionales vascos se basan en la declarada intención del Gobierno español de tocar las competencias municipales y la eliminación de mancomunidades -cuadrillas en Araba- que, en la actualidad, agrupan la prestación de servicios de municipios, generalmente de pequeñas dimensiones. Son entidades de carácter foral, por lo que están salvaguardadas por el Estatuto de Gernika y el Concierto Económico.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo español que el objetivo de la reforma es "clarificar las competencias municipales y reforzar el control financiero y presupuestario sobre los municipios". Todo ello, según Montoro, supondrá un ahorro de 7.129 millones de euros.

El anteproyecto establece los baremos que regirán los sueldos de todas las ciudades y municipios del Estado español, así como el número de concejales que cada entidad local podrá tener con dedicación exclusiva, esto es, el número de liberados en cada municipio. Así, los alcaldes de ciudades con más de medio millón de habitantes -Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Valencia- recibirán un sueldo en torno a los 100.000 euros. En las ciudades entre 300.000 y 500.000 habitantes el sueldo será como máximo de 90.000 euros, entre 150.000 y 300.000 vecinos será de 80.000 euros como máximo. La retribución va descendiendo gradualmente hasta los 20.000 euros como máximo para las localidades de entre mil y dos mil habitantes. En las localidades con menos de un millar de habitantes, el alcalde no percibirá retribución.

Además de fijar este baremo de sueldos, el anteproyecto asegura que las mancomunidades o entidades menores, como son los concejos alaveses, se deberán someter a un proceso de evaluación de sus cuentas, pudiéndose llegar incluso a su disolución.

Oposición Desde Eudel, su presidenta Ibone Bengoetxea aseguró a este diario que acogen el proyecto con preocupación a la espera de conocerlo con mayor detalle. "Con ser preocupante el límite de liberados y el baremo de salarios, es más preocupante lo que pueda haber por debajo. Creo esto lleva a un descrédito de los gobiernos locales, que somos los más cercanos a la ciudadanía. Los responsables del drama que está viviendo el Estado español no somos los ayuntamientos, y menos los ayuntamientos vascos", manifestó.

El PNV, por su parte, mostró su disconformidad con el anteproyecto, en el que "no se incluye ninguna referencia a la especificidad foral". El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, señaló que Montoro debe reconocer la singularidad de las diputaciones vascas y "respetar la foralidad en el ámbito municipal". Además, Esteban mostró su malestar por le hecho de que el informe no recoja ninguna de las posiciones trasladadas por el Grupo Vasco al Gobierno español.

EH Bildu, por su parte, expresó su más "enérgico rechazo" a lo que calificó como "una ley centralizadora que pretende vaciar de competencias a las entidades locales".