santiago de compostela. Las investigaciones de la Operación Pokémon, centrada en una supuesta trama de pagos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos, entró ayer en una segunda fase en la que nueve personas fueron detenidas en Santiago de Compostela, Cataluña y Asturias. Esta nueva redada, denominada Operación Manga, alcanzó, entre otros al concejal de Seguridad de Santiago de Compostela, Albino Vázquez Aldrey (PP); a Angel Espadas, exasesor del exalcalde popular Gerardo Conde Roa; al delegado de la empresa Aquagest en Santiago, José Luis M.R. y Joaquín fernández Díaz, delegado de esa misma empresa en Asturias y presidente del PP en San Martín del Rey. También fue arrestado, aunque en este caso en Madrid, el asesor cultural y organizador de eventos Jesús F.M.
Cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, uso de información privilegiada y prevaricación son los delitos que imputa la jueza instructora, Pilar de Lara, a la mayoría de los detenidos. No obstante, el juzgado puntualizó que a alguno de los arrestados también se le imputa falsedad documental y blanqueo de capitales. Estas detenciones se unen a la imputación del anterior alcalde de Santiago, el popular, Gerardo Conde Roa, que tuvo que dimitir en agosto y a la del regidor actual, Angel Currás (PP), sobre el que pesan dos imputaciones, una por Pokémon y otra por la denuncia de un policía local. Ante esta situación el presidente de la Xunta gallega, el popular Alberto Núñez Feijóo, concluyó ayer que "lo que pasa en el Ayuntamiento de Santiago no es normal".
servicio de aguas Mientras que el eje central de la Operación Pokémon es el entramado de Vendex, un grupo de más de 30 sociedades que ofrece diversos servicios de mantenimiento en varios ayuntamientos, las investigaciones han provocado que aflore la implicación de nuevas empresas, como Aquagest y la catalana GRS Arc Local, dedicada al servicio de aguas. Así, entre los nueve detenidos ayer hay al menos dos con vinculación con Aquagest (empresa del grupo Agbar), cuya sede en Santiago de Compostela fue sometida a un exhaustivo registro que se prolongó hasta la tarde.
