vitoria. La financiación de los partidos políticos se regula por la ley del 4 de julio de 2007, modificada de manera parcial por la ley del 22 de octubre de 2012, que eliminó algunas deficiencias pero no bastó para capear la opacidad y la ausencia del debate parlamentario. Las vías para recaudar dinero proceden de tres fuentes principalmente: las subvenciones públicas (estatales, autonómicas y locales); la financiación de carácter privado, que deriva de las cuotas de los afiliados y las donaciones; así como de los fondos provenientes de préstamos o créditos. En relación a las donaciones de una misma persona física o jurídica, se establece un límite de 100.000 euros anuales. Curiosamente, las donaciones de bienes inmuebles no se hallan sujetas a ninguna limitación cuantitativa. Otra innovación que se introdujo en la reforma de hace un año es la limitación de las condonaciones de las deudas de los partidos políticos con los bancos, con un límite de 100.000 euros al año.
aspectos a mejorar La función fiscalizadora continúa en manos del Tribunal de Cuentas, cuya actividad hasta la fecha apunta a nula. Esta misma semana el presidente de dicho órgano, Ramón Álvarez de Miranda, calificó como "mejorable" la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos, que acumula un retraso de cuatro años, aunque eludió opinar expresamente sobre el caso Bárcenas. "Son informaciones que hacen referencia a eventuales apuntes contables que parece que no se encuentran. No tenemos acceso a esos papeles; a lo que tenemos acceso es a la contabilidad de los partidos", consideró. Entre los aspectos a mejorar en la fiscalización, aparte de la elaboración de los informes de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 a la que se ha comprometido para este año, el presidente del Tribunal de Cuentas dijo que sería preciso que el organismo pudiera acceder a información de la Agencia Tributaria que actualmente le está vetada.
También reclamó "una legislación más estricta" respecto a la obligación de los proveedores de aportar la documentación correspondiente a los servicios que prestan a los partidos que, además, deberían facilitar más información respecto a sus estructuras locales. Álvarez de Miranda argumentó que, junto con la insuficiente dotación personal y material, el retraso en la fiscalización de los partidos se debe a que también se han de analizar las cuentas de las fundaciones dependientes de estos y emitir informes a petición de las Cortes.
En relación a las consecuencias judiciales que puedan derivarse de las irregularidades apreciadas por el Tribunal de Cuentas, tanto en lo que se refiere a los partidos como a las administraciones públicas, puntualizó que todos los informes son remitidos a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, de lo que se han derivado acusaciones penales por diversos casos de corrupción.
Expertos como Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas y miembro de Transparencia Internacional, coinciden en que "la opacidad es un problema cultural, de actitud y valores. No han admitido que estar en política implica servicio, o sea, un cargo de responsabilidad de servidor público". Un espejo donde poder mirarse estaría en el sistema alemán o francés. Los partidos germanos están sometidos a un férreo control por parte del Estado, con unas reglas diáfanas que obligan a las formaciones políticas a un comportamiento transparente.
Deben rendir cuentas a la luz pública sobre la procedencia y uso de recursos y patrimonio, y se financian mediante los afiliados y donativos. Solo perciben dinero del Estado para cubrir los gastos electorales en función de sus resultados. El sistema galo se encuentra en el otro extremo. Sus partidos consiguen sobrevivir en gran parte con las cantidades de dinero público en forma de subvenciones, pero ambos modelos se abrazan en la justificación y rendición públicas de su contabilidad. Es más, en Francia, las infracciones presupuestarias cometidas en torno a los gastos de financiación electoral desembocan en la pérdida del escaño.
Hace años que organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional o Acces Info Europe, y organismos internacionales como el Grupo de Estados contra la corrupción, han demandado que el agua sea más clara. En 2012 el Consejo de Ministros español aprobó el anteproyecto de Ley de Transparencia, con penas de hasta diez años de inhabilitación y la correspondiente multa. Pero hay unanimidad en que lo fundamental es que "la gente sea más honrada".
