Vitoria. Los 67.000 funcionarios vascos cobrarán dentro de unos días la paga extra correspondiente a junio del próximo año. Así lo acordó ayer el Parlamento Vasco con los votos del PNV y la abstención de las demás fuerzas del Legislativo en un intento por paliar la agresión económica que suponía para los bolsillos de los trabajadores públicos quedarse sin la habitual paga navideña como consecuencia directa del decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La resolución parlamentaria sanea, en el primer Pleno ordinario de la nueva legislatura, la situación creada al albur de la dinámica reductora de gastos emprendida desde Madrid por el PP, pero lejos de ser la panacea es la salida menos mala que el nuevo Gobierno Vasco, con Iñigo Urkullu a la cabeza, ha encontrado.

Y es que, según recoge el primer proyecto de ley del Ejecutivo entrante, además de adelantar a enero la paga extra del próximo mes de junio, la correspondiente a diciembre de 2013 también verá alterada su fecha de entrega al verano. En definitiva, una sucesión de adelantos que sirve para ganar tiempo ante la incertidumbre de lo que ocurrirá cuando exactamente dentro de un año los funcionarios vascos se vean en las mismas y afronten la recta final de 2013 otra vez sin paga extra. Así ocurrirá, al menos, si para entonces no se activan otras vías, puesto que la propuesta secundada ayer en la Cámara vasca se ciñe al próximo ejercicio.

De momento, Iñigo Urkullu parece hacer bueno el "gero gerokoak" que manejaba asiduamente el lehendakari Ibarretxe para ceñirse a taponar los problemas urgentes mientras gana tiempo para pensar en soluciones a más largo plazo. Y lo hace con la máxima de no ver truncadas sus recetas por decisiones judiciales, como ya le ocurrió al anterior Gobierno Vasco.

Quizás por eso, el consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka, hizo hincapié ayer en su debut desde el atril de oradores en que el proyecto constituye una "salida razonable" tras el revés del Tribunal Constitucional al abono de la paga extra pretendido por el Gabinete de Patxi López y, sobre todo, que el acuerdo jeltzale "carece de puntos de colisión" con el decreto aprobado en Madrid. El PNV blinda así la respuesta vasca a la tijera de Rajoy y pone en valor con cintura política -y judicial- el margen que otorga la normativa vigente.

Mientras ELA reclamaba una solución a las puertas de la Cámara, entre la oposición cobraba fuerza una crítica común a la obligatoriedad que implica la medida entre los funcionarios, sin que puedan elegir entre verse privados de la extra navideña este año y mantener intactas las del próximo ejercicio. Así lo manifestaron Gorka Maneiro (UPyD) y José Antonio Pastor (PSE). Además, este último calificó de "parche" la medida jeltzale y reclamó al PNV que en sucesivas ocasiones se "escuche a los trabajadores".

La segunda fuerza parlamentaria, EH Bildu, insistió en su fórmula registrada en el Parlamento pero aún no debatida por la que se habilitaría un complemento compensatorio ante los emolumentos que los funcionarios dejen de recibir este año, lo que supondría un golpe sobre la mesa que, en opinión de la coalición soberanista no se va a producir porque el Gobierno Vasco "no tiene voluntad de pasar por encima de Madrid", según señaló Belén Arrondo.

Por parte del PP, Arantza Quiroga, justificó la abstención de su grupo en que los populares no se oponen a la fórmula planteada por el nuevo Ejecutivo, pero tampoco comparten las formas empleadas para llevarlo a cabo, con un proceso lleno de "prisas y chapucero". Argumentos que Quiroga aprovechó para dar un primer toque de atención al Gabinete Urkullu en su sesión ordinaria inicial.