Donostia. La Diputación cumplió ayer por la tarde con lo que había anunciado en muchas ocasiones, que iba a realizar una paga extra en este mes de diciembre a sus 2.500 funcionarios (incluidos los de las sociedades públicas dependientes), una medida que, en principio, supone infringir el Decreto Ley del Gobierno central que prohíbe a las administraciones el abono este año de la tradicional retribución navideña como medida de estabilidad presupuestaria para reducir el déficit público en el Estado.

Así pues, el ente foral ingresó en las cuentas corrientes de sus trabajadores cerca de siete millones de euros (una media de 2.800 euros brutos a cada uno), en una fecha adelantada, ya que en años anteriores ha solido hacerlo el día 21, con motivo de la celebración de Santo Tomás. Preguntado por este periódico sobre la fórmula utilizada para llevar a cabo el abono de la extra, el Ejecutivo foral de Bildu no quiso aclarar si se trata de la paga de Navidad o si se ha servido de alguna figura legal alternativa que le permita sortear la interdicción del Gobierno de Rajoy. Los funcionarios únicamente vieron en sus cuentas corrientes el habitual concepto "nómina".

El procedimiento usado podría ser el anticipo de la paga extra de verano correspondiente al próximo año, si bien fuentes de la Diputación rehusaron también confirmar ese extremo y prefirieron esperar al transcurso de los acontecimientos. Es de esperar que hoy el Ejecutivo de Madrid pida explicaciones al gabinete de Martin Garitano sobre el abono de esa extra. Si el Gobierno foral sigue sin detallar el modo en que ha llevado a efecto su anuncio, todo apunta a que podría producirse un conflicto de competencias en el que el ente foral no tendría las mismas posibilidades de defensa que el Gobierno Vasco.

De haberse aprobado el pago con el habitual acto administrativo, cualquier persona estaría legitimada para acudir a la justicia ordinaria a través del contencioso-administrativo, como de hecho ya ha ocurrido con el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo, quien presentó tres demandas de procedimiento abreviado para tratar de impedir que las Juntas Generales de Araba y Gipuzkoa y la Diputación guipuzcoana abonen la extra. Y en el caso de que el Ejecutivo de Bildu haya efectuado el pago por medio de un decreto foral o Garitano haya aprobado un decreto foral-norma, también serían susceptibles de ser anuladas en vía judicial, toda vez que no tendrían el blindaje que la última reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional confirió a las normas forales de fiscalidad.

Este episodio se produce en la misma semana en que el Constitucional ha anulado, con efectos retroactivos desde el día 5, el pago de la extra de los 67.000 funcionarios del Gobierno Vasco. El nuevo lehendakari, Iñigo Urkullu, ya ha anunciado que adelantará en enero la extra de verano.