Madrid. El secretario de organización y número dos del PSC, Daniel Fernández, así como los alcaldes socialistas de las localidades barcelonesas de Sabadell, Manuel Bustos, y de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, han sido imputados en una operación contra una supuesta trama de corrupción urbanística, tráfico de influencias y cobro de comisiones por contratos públicos concedidos en ambas localidades. Como consecuencia de esta imputación, el primer secretario de los socialistas catalanes, Pere Navarro, anunció ayer la suspensión de Fernández de sus funciones orgánicas en la Ejecutiva de PSC, tras una reunión de la cúpula del partido en la que también tomó parte Fernández. El propio Navarro comparecerá hoy en rueda de prensa para analizar la delicada situación de la formación tras las imputaciones conocidas ayer.

Además de la suspensión de Fernández como secretario de organización, también se produjo ayer el cese de Manuel Bustos como secretario de Política Municipal, aunque en ambos casos, según resaltó Navarro, son temporales "hasta que se aclare el proceso". Así pues, la dirección del PSC no se plantea de momento la sustitución de ninguno de estos dos dirigentes.

12 detenidos En el marco de la operación desarrollada ayer bajo el nombre en clave de Mercurio, los Mossos d'Esquadra detuvieron a doce personas y entregaron veintiséis citaciones de imputación, además de registrar la sede del Ayuntamiento de Sabadell, epicentro de la trama.

El juez de instrucción número 1 de Sabadell, que dirige la investigación junto a la Fiscalía Anticorrupción, abrió en 2010 esta causa, que permanece secreta desde entonces, y acordó la operación policial con base en los indicios derivados de las escuchas telefónicas a los implicados, entre ellos varios empresarios del sector de la construcción.

Según informó la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado, la trama exigía supuestamente el pago de comisiones a empresarios como condición para acceder con ventaja a la adjudicación de obra pública, para lo que se les reclamaba además un depósito previo mínimo de 120.000 euros. En la causa se investiga la comisión por parte de los detenidos o imputados de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución.

En la operación, que se mantiene abierta, los Mossos d'Esquadra registraron e intervinieron expedientes municipales en el despacho de Manuel Bustos, así como de la concejal responsable del área de Economía del consistorio, Montserrat Capdevila, y las oficinas de la Policía Local de la población, cuyo máximo responsable también figura entre los imputados.

un 3% La denominada operación Mercurio, que surge de una denuncia previa de ICV, se resume, según fuentes cercanas a la investigación, en que los responsables políticos del ayuntamiento de Sabadell exigían los citados 120.000 euros que iban a un depósito inicial "a un fondo perdido" que finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos. Pero es que, además, existía, según Anticorrupción, "un pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro una vez acabada la obra sobre el total del presupuesto final". Supuestamente tanto Fernández como Bustos y Pérez habrían recibido parte de estas comisiones.

Al conocer su imputación, Manuel Bustos también compareció ante la prensa pero, en este caso, para pedir que la justicia actúe con rapidez y para anunciar que pese a dejar su cargo en la Ejecutiva del PSC, no dimitirá de la alcaldía.