MADRID. El último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas detecta importantes irregularidades, tramitaciones indebidas y falta de sanciones a los contratistas por incumplir la normativa en la mayoría de los procesos de contratación del sector público autonómico. Este informe, que expone la gestión del gasto de las autonomías entre los años 2006 y 2007, también recoge que el endeudamiento financiero de las empresas públicas en ese periodo ascendió a 23.051 millones de euros.
En relación a las irregularidades en la contratación, el Tribunal de Cuentas estima que los contratos se fraccionan indebidamente "con la finalidad de tramitarlos por procedimientos negociados sin publicidad y para eludir los principios de transparencia y publicidad". También asegura que se abusa de la tramitación de urgencia y de la adjudicación por concurso en detrimento de la subasta, a pesar de ser esta última la forma ordinaria de adjudicación de las obras públicas.
