Bilbao. "Pregunte lo que desee, que le responderé lo que quiera". Así, sin filtro, comienza la entrevista. El presidente del TSJPV, cauteloso cuando la situación lo requiere, pone la carne en el asador cuando se le interroga sobre ETA o la izquierda aber-tzale, y critica inmisericorde al Gobierno del PP por su política en materia de Justicia.

Ha transcurrido un año desde el anuncio de ETA de cese definitivo de la violencia. ¿Cómo valora este nuevo tiempo?

No comparto el presupuesto de su pregunta, excepto que ETA ha anunciado la suspensión de sus actividades delictivas. Pero ETA sigue existiendo, así que no sé dónde está ese tiempo nuevo. El tiempo nuevo será cuando ETA se disuelva.

Olvídese, entonces, de lo del nuevo tiempo. ¿Qué balance hace de este último año?

El dato que tenemos es que durante el último año ETA no ha causado ningún daño a las personas, ninguna muerte y ninguna acción violenta. Y es un buen dato. Más allá de eso, lo que también sabemos, porque lo ha comunicado en varias ocasiones, es que no tiene ninguna intención de acabar con su existencia. En consecuencia, tenemos a personas cumpliendo condena, algunos de ellos por su mera pertenencia, es decir, que no tienen delitos de sangre, y que no pueden progresar en su pronóstico penitenciario mientras ETA no desaparezca. El día que se disuelva, la situación de esas personas cambiará sustancialmente.

¿Qué pasos se han dado desde el punto de vista político?

Nunca ha habido una mayor convicción que ahora de que el terrorismo es siempre un error, que nunca tuvo justificación, no solamente en términos políticos sino, singularmente, en términos de convivencia y derechos humanos. Este convencimiento, no solamente está depositado en el ámbito de las personas que nos situamos fuera del MLNV o la izquierda abertzale, sino también en este último sector. Los estatutos de Sortu son inequívocos: dicen que será expulsado el que no comparta el principio de que no se emplea la violencia para conseguir objetivos políticos. Las recientes elecciones ya han puesto este convencimiento en valor en términos políticos: el Tribunal Constitucional ha levantado la barrera para la inscripción de Sortu como partido y para el funcionamiento de EH Bildu como coalición.

¿Qué pasos faltan por dar?

Es deseable que la izquierda abertzale, además de tener claro ese compromiso, hicieran de él una forma de inserción de quienes están cumpliendo condena. Estos, en realidad no necesitan reinserción porque nunca han dejado de estar insertos en esa comunidad abertzale. De lo que se trata ahora es que desde esa comunidad abertzale se les reproche lo que han hecho, y se les diga que tienen un futuro en la sociedad siempre que dejen de hacer lo que hicieron y sigan el camino de la reinserción, se llame como se llame a la reinserción. Les tienen que decir a los presos lo que piensan, que la violencia política no vale, que nunca debió valer y que, además, cuando lleguen a sus casas, si quieren hacer acción política con esa comunidad, tienen que renunciar a la violencia.

Que ningún preso se haya acogido al plan de reinserción que Rajoy lanzó hace medio año ¿denota el fracaso de esta idea?

Creo que todavía no se ha puesto en marcha. En todo caso, los jueces no somos responsables de la política penitenciaria. ¿Qué hacemos los jueces? Controlar que las decisiones de la administración penitenciaria sean conforme a la ley. Pero no me toca valorar la política penitenciaria del Gobierno.

¿Le preocupa la situación de los presos de ETA enfermos que han pedido su puesta en libertad?

Claro que me preocupa. En eso, los jueces tenemos un criterio muy claro. Al año hay alrededor de 150 resoluciones de libertad en casos de enfermos terminales, en el mismo sentido que la decisión sobre Iosu Uribetxebarria. La cárcel no está para que muera gente en ella; un enfermo terminal tiene que estar en su casa o en el hospital. La ley es así y los jueces la garantizan, como se ha hecho en el caso Uribetxebarria. Otra cosa es que no somos los jueces los que decidimos quién es enfermo terminal o no, es una decisión médica. En el caso de que los médicos dictaminen que esa enfermedad es terminal, que es lo que exige la ley, habrá que resolverse de manera que el enfermo terminal esté en su casa.

¿Ve posible la ilegalización de EH Bildu después de que el Gobierno le haya advertido en varias ocasiones de que está sobrepasando "líneas rojas" por criticar unos arrestos de militantes de ETA y de Batasuna?

Depende de lo que haga. Pero la referencia es muy clara. En la sentencia que permitió a Sortu inscribirse como partido, el Tribunal Constitucional definió unos supuestos en los que, si este partido o cualquier otro incurrían, será un indicio de que se está alejando de la garantía constitucional que se reclama. Yo no he apreciado, y lo afirmo taxativamente, ninguna actividad en EH Bildu que pueda decirse que entra en esos supuestos. Quien ha hecho esas manifestaciones igual tiene datos que no conozco, pero yo diría que no, y lo digo en calidad de presidente de la Junta Electoral de la CAV.

¿Qué le dice a la familia de Iñigo Cabacas, que recientemente ha mostrado su preocupación por que la fase de instrucción del caso ha estado paralizada todo el verano?

Puedo afirmar que la instrucción no está parada, pero no sé las actuaciones que va a adoptar la juez. Lo normal es que la resolución no tarde en producirse.

¿Qué opinión le merece el primer año del ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón?

A los jueces nos ha decepcionado. Había una línea que se inició en el 2001 con el Pacto de Estado por la Justicia, con el objetivo de modernizar esta administración. Cuando íbamos muy lentos pero sabíamos a dónde íbamos, viene el Gobierno del PP, se olvida de todo, y decide que lo urgente es reformar el Código Penal y el estatuto de jueces y magistrados. Lo primero que proponer es acabar con que jueces y magistrados sustitutos se ocupen de las suplencias por razón de vacantes, enfermedad o vacaciones.

¿Comparte, por tanto, la huelga de celo que mantienen jueces y fiscales como medida de presión?

No creo que se deba emplear esa expresión. La reforma del estatuto judicial que nos propone el Gobierno se mete en nuestros asuntos de organización interna y ahí los jueces decimos no. En este caso, el legislador se mete donde no le corresponde. Si yo tengo 1.800 casos en el juzgado y el Ministerio decide que puedo llevar otros 1.800 asuntos del juzgado de al lado, le tendré que decir que voy a desatender dos juzgados, no atender dos juzgados. Por eso los jueces están reaccionando así.

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma del Código Penal es la cadena perpetua revisable. ¿Esa medida serviría de algo?

Creo que no serviría de nada. Pero no quiero adelantar ninguna opinión sobre lo que ni siquiera es un proyecto de ley.

¿La relación del TSJPV con el próximo Gobierno, dirigido previsiblemente por un lehendakari jeltzale, será mejor que con el anterior Ejecutivo del PNV?

En general, nos hemos llevado muy bien con todos los titulares de las consejerías de Justicia. Es más, siempre lo he dicho y lo repito: para mí, el mejor consejero ha sido Juan Ramón Guevara. Gracias al Gobierno en el que era consejero se dotó a la administración de Justicia de una infraestructura que ha sido la envidia de las demás comunidades autónomas. Perfectamente podría estar en el próximo Gobierno. Seguro que las relaciones con el próximo consejero serán buenas y yo haré lo posible para que así sea. Confío en que, si Iñigo Urkullu es elegido lehendakari, acertará en la persona. Ahí es donde él se la juega.

Juan Luis Ibarra fotografiado en el Palacio de Justicia de Bilbao. Foto: David de Haro

"No he apreciado en EH Bildu ninguna actividad que pueda decirse que entra en los supuestos de ilegalización"

"ETA sigue existiendo, así que no sé donde está ese tiempo nuevo; lo será cuando se disuelva"

"Puedo afirmar que la instrucción del caso Cabacas no está parada, lo normal es que no tarde la resolución"