BAIONA. En medio de un amplio dispositivo policial, la manifestación estuvo apoyada por diversos cargos públicos locales de todas las sensibilidades políticas.
Diez de ellos, de diferentes partidos excepto del ultraderechista Frente Nacional, se reunieron con el delegado del Gobierno, a quien entregaron sus respectivos informes sobre el arresto de Martin para que se los hiciera llegar al Ejecutivo.
La diputada socialista Colette Capdevielle entregó, en nombre de todos ellos, una carta destinada al presidente, François Hollande, donde piden que "tenga en consideración el cambio político en Euskadi para facilitar el proceso de paz", según afirmó a la prensa.
Los cargos públicos ya anunciaron el pasado sábado que van a recurrir al Consejo Constitucional la detención de la exdirigente de Batasuna, al considerar que se fundamenta en una mala interpretación del mandato de arresto europeo.
Martin fue detenida el pasado jueves en un control rutinario de carretera y entregada horas más tarde a las autoridades españolas, que le acusan de haber participado en actos de Batasuna en España, donde la organización estaba prohibida.
OPERACIÓN PLANEADA Diversos cargos públicos vascos sospechan que el arresto de Martin no fue casual y que hubo una operación montada por el Ministerio francés del Interior para detener a la dirigente la izquierda abertzale.
Capdevielle indicó que van a solicitar una reforma del mandato de arresto europeo, una figura "creada para combatir la delincuencia" y no para "detener a gente como Martin".
El ministro del Interior, Manuel Valls, negó que la operación estuviera preparada y aseguró que la entrega de Martin a España responde a una decisión de la Justicia.
"No podemos tener ninguna complacencia con quien ha apoyado a ETA. España no es una dictadura, es un Estado soberano y democrático. No estamos en el marco de un delito de opinión", declaró Valls en una entrevista publicada hoy por "Le Parisien".