Donostia. La Audiencia Nacional dio a conocer ayer el auto completo que recoge la ratificación de la puesta en libertad de Josu Uribetxebarria, ingresado por un cáncer y varias metástasis. A entender de cuatro de los cinco magistrados que compusieron la sección primera de la Sala de lo Penal, existe un "riesgo patente" en la vida del enfermo, lo cual confirma la resolución inicial del juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, y desestima las razones en las que la Fiscalía había basado su recurso.

Así, los magistrados, que ya dieron a conocer su decisión el pasado 12 de septiembre, consideran que no hubo indefensión judicial al aprobar Castro nuevas diligencias, como la de su visita al Hospital Donostia. Según los jueces de la sección primera, "incluso aceptando como proceder irregular la imposibilidad del fiscal de intervenir en la visita al penado y al equipo médico, su entidad es mínima, no ha causado indefensión".

También descartan atender el recurso que alega que de camino a la sección primera al expediente se le añadieron nuevas diligencias, como un nuevo informe de la forense de la Audiencia Nacional: "La queja no es atendible, lejos de situar en indefensión a las partes, les ha permitido revisar y reforzar sus planteamientos a la vista de la evolución del enfermo".

El quid de la cuestión, según recoge el voto particular que firma el magistrado Nicolás Poveda, se encuentra en qué punto del artículo 92 del Código Penal se aplica.

Según este último magistrado, el de Uribetxebarria es un caso que se ajustaría por el artículo 92.1, mientras que la mayoría opta por aplicar lo estipulado en el 92.3. Para Poveda, "la diferencia entre la aplicación de un precepto u otro no es baladí, ya que el párrafo primero impone para la concesión de la libertad condicional, entre otras condiciones, al menos la renuncia a la actividad terrorista y el perdón a las víctimas, lo que no ha sucedido en este caso, constando por el contrario".

El 92.3, el artículo en el que Fernando Grande-Marlaska, Alfonso Guevara, Rafael Sáez y Javier Martínez se basan, contempla, en cambio, el régimen de semilibertad para aquel recluso que se encuentre cuya vida esté en "peligro patente", que sea mayor de 70 años o sufra una enfermedad con "padecimientos incurables".

Los magistrados fundamentan su decisión, en línea similar a lo realizado por Castro, en que los informes recogidos "están de acuerdo en la existencia de una enfermedad muy grave e incurable, con una evolución de mal pronóstico, de manera que la mediana de supervivencia oscila -esa es la diferencia de pareceres, entre 7 meses y 29 días y 11 meses y 3 días".

Además, la mayoría sale al paso de las críticas vertidas hacia los profesionales sanitarios que atienden a Uribetxebarria en la capital guipuzcoana. Según se recoge en el auto del que es ponente Sáez, "el equipo médico [...], compuesto por varios facultativos y entre ellos de manera destacada dos especialistas en oncología médica y radioterápica, no son cualquier médico público o privado, como sugiere el recurrente", en referencia al fiscal.

Los jueces afirman que "son facultativos del Sistema Nacional de Salud, incardinados en un hospital universitario", por lo que "no cabe sospecha alguna sobre su cualificación profesional, conocimientos y probidad".

El PP pasa página Tras el acto de acercamiento a las víctimas de ETA el pasado martes en Bilbao y al que asistió el presidente español, Mariano Rajoy, el PP pretende dar por finiquitado el caso Uribetxebarria.

Este fue el caso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que eludió entrar a valorar el auto conocido ayer "una vez que se ha pronunciado la Justicia. Acato la resolución judicial como procede en un Estado de Derecho".

Nueva detención Por otra parte, la Policía española detuvo a primera hora de ayer en Ondarroa Igor Urresti Osa, acusado de un delito de colaboración con organización terrorista, como presunto colaborador de ETA. Según informó el Ministerio del Interior, agentes de la Policía lo detuvieron ayer a las 00.23 horas y registraron su vivienda en la localidad vizcaina. Ante este arresto, El Grupo Contra la Tortura (TAT, en sus siglas en euskera) exigió la "inmediata" puesta a disposición judicial de Urresti. Además, el TAT mostró muestra su preocupación por "el trato que pueda estar padeciendo" el detenido "a manos de la Policía Nacional", por lo que ha demandado el fin de su "incomunicación", entre otras medidas.