Donostia.Como "brutal atropello contra los derechos humanos más elementales yuna macabra tomadura de pelo a los mayoritarios deseos de paz de lasociedad vasca" calificó ayer la plataforma Herrira la decisión de laFiscalía de reclamar nueva información sobre el estado de salud delpreso Iosu Uribetxebarria. Esta petición, denunció Herrira, puedeprolongar "durante al menos diez días" la incógnita en torno alrecluso, que padece un cáncer en fase terminal y que se encuentra enhuelga de hambre.

A juicio de laFiscalía de la Audiencia Nacional, cuyo juez de VigilanciaPenitenciaria deberá pronunciarse sobre la libertad condicionalconcedida el viernes por Instituciones Penitenciarias, faltan elhistorial clínico del paciente y sus antecedentes médicos, así como queel informe vaya firmado por "personas concretas" y no por una comisiónmédica.

El organismo que gestionalas prisiones del Estado salió al paso y defendió la oficialidad deldocumento. A entender de Instituciones Penitenciarias, dependiente delMinisterio del Interior y que para la tarde había recabado los datosexigidos por el fiscal Jesús Alonso, salió al paso y avaló el informeinicial, recogido "por los cauces oficiales", con el sello del centrohospitalario donostiarra y el del Departamento de Sanidad.

Elmagistrado de Vigilancia Penitenciaria espera, además, que le llegue elinforme solicitado la semana pasada de si el cáncer podía ser tratadoen prisión. Con todo, la clínica forense de la Audiencia Nacionaltambién elaborará otro informe, lo que, una vez el fiscal tomeposición, la decisión del juez José Luis Castro llegaría en unos diez oquince días.

El caso Uribetxebarria,que ya ha enfrentado a instituciones orgánicamente dependientes de losministerios de Interior y de Justicia, y la manera del PP de gestionarla cuestión penitenciaria amenaza además con reabrir una brecha entrelas filas populares.

Tantoes así que ayer reaparecieron las críticas del europarlamentario yotrora candidato a lehendakari, Jaime Mayor Oreja, que acusó a ladirección del PP, ahora en La Moncloa, de "fortalecer" a ETA con sus"movimientos" en la cuestión de los presos. También saltó a la palestraAlejo Vidal-Quadras, apreciando un divorcio entre la dirección y lasbases populares.

Algo queobtuvo la respuesta del vicesecretario general de la formaciónconservadora, Esteban González-Pons, que señaló que "la ley es la ley"y que, "por duro e incomprensible" que parezca, no se puede dejar deaplicar. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando,rechazó haber oído "nunca" a Vidal-Quadras "opinar sobre esto y esperoque la próxima vez lo haga. Y el señor Mayor Oreja está en laEjecutiva, yo no lo estoy. O sea que tiene acceso a dar su opinión".

Al mismo tiempo, el delegado del Gobierno en la CAV, el popularCarlos Urquijo, se unía a la AVT y a Dignidad y Justicia al reclamar ala Audiencia Nacional que prohíba la marcha prevista a favor deUribetxebarria en la Aste Nagusia de Bilbao.

Huelga contra huelga Ala protesta de ayuno de unos 550 reclusos en apoyo a Uribetxebarria,según dio a conocer Etxerat ayer, se le puede sumar la huelga de hambrecontra el Gobierno del PP que algunas víctimas de ETA habríantrasladado a la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, que hizopúblicas las intenciones.

Según explicó a Europa Press, varias víctimas podrían hacer una huelga contra la gestión del Gobierno del caso Uribetxebarria,ante lo que Pedraza les habría pedido que no lo hicieran para "no seriguales que ellos", en referencia a los reclusos que apoyan al reclusode ETA.