el caso de los ERE falsos, que a partir del día 21 estudiará una comisión parlamentaria andaluza, alcanza en el juzgado dimensiones de vértigo por sus cifras -22.838 folios de sumario, 200.000 documentos, 60 imputados y siete ex altos cargos acusados- y por cuestionar una década de ayudas de la Junta. Se trata del caso más voluminoso tramitado en Sevilla.
La jueza instructora, Mercedes Alaya, mantiene imputadas a 60 personas entre intrusos que nunca trabajaron en las empresas, abogados, mediadores y siete ex altos cargos de la Junta, uno de los cuales, Antonio Fernández, que fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010, salió el viernes de la cárcel tras pagar una fianza de 450.000 euros y pasar cuatro meses en prisión preventiva.
La Junta defiende que el sistema de ayudas cuestionado fue un "instrumento legal", al que no pusieron inconveniente los organismos fiscalizadores, aunque "unos pocos hicieron un uso fraudulento" de él, en palabras del consejero de Justicia, Emilio de Llera.
La jueza, en cambio, cree que los imputados "idearon y elaboraron" el convenio marco de 17 de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), en virtud del cual se concederían directamente las ayudas mediante el sistema de transferencia de financiación en la partida presupuestaria 31L o fondo de reptiles, lo que según la ley solo podía utilizarse para gestión ordinaria y no para subvenciones excepcionales.
El objetivo, según diversos autos de Alaya, era "eludir ilícitamente los controles que podía ejercer la Intervención" y "favorecer a familiares, amigos y personas del entorno" de "altos cargos de la Junta o del PSOE". Un informe del ex director general de Trabajo Daniel Rivera, entregado con motivo de su declaración como imputado en julio, aseguró que la Junta ha revisado 325 ayudas sociolaborales y ha detectado, hasta el pasado 12 de junio, 200 con irregularidades,. La jueza, en su auto de imputación a Fernández, concretó que durante su etapa como viceconsejero y luego como consejero se concedieron 837 ayudas sociolaborales por 395 millones de euros y 294 ayudas directas a empresas por 82 millones.
Junto a Fernández han sido imputados su viceconsejero Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero -único que sigue encarcelado-, Juan Márquez y Daniel Rivera, el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el exdelegado de Asuntos Sociales Juan Rodríguez Cordobés.
El caso de los ERE se ha convertido en una bola de nieve desde que en enero de 2009 dos empresarios de hostelería grabaron y denunciaron la petición de una comisión ilegal de 450.000 euros.
