Vitoria. Josu Uribetxeberria, uno de los responsables del secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara -el más largo de la historia de ETA con 532 días de cautiverio- duerme desde ayer en suelo vasco, después de que el Ministerio del Interior accediera a su traslado por motivos de salud. El ingreso de Uribetxeberria en la nómina de internos de la cárcel alavesa de Zaballa, a pesar de que permanecerá en dependencias hospitalarias, supone el cuarto traslado de estas características desde que Mariano Rajoy tomará las riendas del Gobierno español a finales del pasado ejercicio.

La metástasis que había sufrido el cáncer de riñón que padece el miembro de la banda armada recomendaba desde el punto de vista médico su acercamiento desde el penal de Sevilla donde cumplía condena, así como las pruebas a las que en la tarde de ayer se le sometió en el Hospital Donostia. Pero la decisión del Ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz, compartida por el Gobierno Vasco, unió a detractores de posiciones tan diversas como la asociación de familiares de presos de ETA, Etxerat, además de a la izquierda abertzale por boca del diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, y las víctimas de la AVT.

En el primer caso, los miembros de esta plataforma, presentes ayer en los aledaños del Santuario de Loiola con motivo de las festejos en honor a San Ignacio, exigen, al igual que Garitano, la excarcelación inmediata de Uribetxeberria para que pueda pasar en su casa "su último tramo de vida", una visión que contrasta diametralmente con el rechazo al acercamiento manifestado por la AVT al criticar este tipo de movimientos de presos. En palabras de su presidenta, Ángeles Pedraza, el anterior Gobierno realizó muchos acercamientos de presos con enfermedades terminales que pusieron de manifiesto que estos "nunca han vuelto a su prisión de origen".

Al margen de las diferentes opiniones motivadas por la decisión del Ministerio del Interior, lo cierto es que desde que Rajoy es presidente son cuatro ya los presos del total de 15 que padecen enfermedades graves, según denuncia Etxerat, los que han sido acercados a cárceles u hospitales vascos.

Una actitud que se suma a otras decisiones adoptadas por el presidente del Gobierno en este ámbito desde su llegada a la Moncloa como la concesión del tercer grado a otros tantos exmiembros de ETA y el plan de reinserción que tantas ampollas ha levantado entre los propios conservadores.

Tras su aprobación en abril, el Ejecutivo español vendió su plan como un puente para que los etarras arrepentidos dieran el paso de desligarse definitivamente de la banda armada y debilitar así la estructura de apoyo que desde los centros penitenciarios recibía ETA. No obstante, las críticas que desde sectores afines a la disciplina popular recibió esta iniciativa provocó que el propio Rajoy matizará que el proyecto no iba a cambiar nada respecto a la tajante postura del Gobierno frente a los terroristas.

Gesto o no, las dudas que generó el plan de reinserción no caben en las excarcelaciones decretadas por el Ejecutivo del PP: tres en siete meses.

En todos los casos se trata de presos que cumplían condenas vinculadas a la organización terrorista, pero sobre los que no pesaba ningún delito de sangre. También en todos los casos los reclusos se habían adherido a la vía Nanclares; es decir habían mostrado su arrepentimiento por los hechos delictivos que les habían llevado hasta la prisión, así como la decisión de abandonar los dictados de la banda armada y desligarse de forma definitiva de ETA.

Apenas con un mes de bagaje al frente del equipo de gobierno, el PP decidió a través del Ministerio del Interior conceder el tercer grado penitenciario a Juan Manuel Fernández Pérez de Nanclares, después de veinte años de prisión.

El paso al tercer grado de este exactivista, al que se le había aplicado la doctrina Parot, avaló la intención del Gabinete Rajoy de implementar medidas individuales con los presos de la banda armada y, en ningún caso, avalar una amnistía o salida masiva de esta población penitenciaria.

Dos meses más tarde de que Fernández accediera al régimen que da derecho a pernoctar fuera de prisión, así como a una ampliación de permisos, el también exmiembro de ETA Joseba Andoni Díaz Urrutia accedió a este mismo estatus carcelario. Por último, hasta la fecha, Jurgi Oteiza alcanzó el conocido como régimen Cenicienta hace apenas dos semanas.

Por otro lado, la Audiencia Nacional condenó ayer a 34 años a Mikel Otegi por el asesinato de dos ertzainas en 1995 -después de que un jurado popular le absolviera-, hechos por los que la Fiscalía pedía 70 años de cárcel, y le absolvió de pertenencia a ETA porque no existe la "certeza" de su militancia en esa fecha.