BILBAO. En declaraciones a Europa Press, se ha referido, de esta manera, a la decisión del Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, de archivar las diligencias de investigación que abrió tras la denuncia por el Gobierno vasco de un supuesto fraude de 23 millones en una quincena de contratos informáticos suscritos por el Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico entre 2000 y 2009 con las empresas Indra e Ibermática.
Ortuzar ha recordado la "gravedad, solemnidad y bombo" con la que la portavoz del Gobierno vasco y consejera de Justicia, Idoia Mendia, anunció, en una rueda de prensa tras el consejo de Gobierno, que habían trasladado un informe a la Fiscalía vasca sobre un supuesto fraude de 23 millones en una quincena de contratos informáticos suscritos por el Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico entre 2000 y 2009.
El dirigente jeltzale ha asegurado que, con la decisión de la Fiscalía, el caso ha quedado "en agua de borrajas", ya que no se aprecian hechos constitutivos de delito. Ortuzar ha añadido que la acotación del fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, a que en todo caso "podría haber alguna responsabilidad mercantil", no "guarda proporción con cómo se hizo aquello".
Ortuzar ha afirmado que la consejera de Justicia se "ensañó" con las empresas a las que se había adjudicado esos contratos y ha indicado que "puso en riesgo" su reputación.
Por ello, ha mostrado su "crítica más severa" por la "ligereza" con la que, a su juicio, actuó el Gobierno vasco y, por otra parte, ha reclamado "responsabilidades políticas" por los "daños que se hubiera podido causas a esas dos empresas y también al Gobierno anterior".
Por tanto, ha reclamado responsabilidades políticas y ha añadido que con, la "gravedad" de los hechos, esas responsabilidades tienen que tener "consecuencias graves en el Gobierno". "Y esperamos oirle a la portavoz y esperamos también que anuncie dimisiones", ha añadido.
Respecto a quién debería dimitir, Ortuzar, tras reiterar que lo sucedido es muy grave, ha afirmado que hay "una línea de mando establecida en el Gobierno vasco" y, teniendo en cuenta cómo han sido los "diferentes testimonios", las dimisiones "tienen que estar entre la viceconsejera de Justicia y la propia consejera de Justicia". "Ellas dos han sido las que han capitaneado este asunto", ha asegurado.
A su juicio, alguien "tiene que asumir en este nivel" la responsabilidad de este "gran fiasco". "Un Gobierno tiene que ser muy cuidadoso, tiene que ser extremadamente diligente a la hora de establecer este tipo de acusaciones, máxime cuando se implica a empresas conocidas y reconocidas que se juegan su prestigio y también cuando lo que se está intentando poner en cuestión es la labor del Ejecutivo anterior", ha añadido.
Ortuzar ha indicado que la Fiscalía ha dejado "claro" que "no hay nada" y, por tanto, al que "ha actuado con irresponsabilidad, le toca ser responsable" y lo ocurrido "le tiene que costar el puesto a alguien". En este sentido, ha indicado que, "si no lo hacen ellas", en referencia a Mendia y Cinto, el "lehendakari tenía que "tomar cartas en el asunto".
Ortuzar ha afirmado que, en el momento en que hizo esa denuncia, el Gobierno vasco estaba "acorralado" porque la situación financiera "era muy mala" y ha expresado su temor de que anunciaran esos hechos como "una cortina de humo para salir del atolladero del que estaba metido". "Para hacer eso, no dudaron en involucrar a dos empresas y en criticar y en poner en cuestión la gestión y la labor del Gobierno del Ejecutivo anterior", ha añadido.
